El Gobierno valenciano recurre al Constitucional porque considera que esta normativa invade sus competencias en materia de vivienda "al regular de forma exhaustiva y desmesurada cuestiones procedimentales y de mera tramitación de esta ayuda al alquiler que, además, suponen un grave perjuicio para los ciudadanos de la Comunidad", ya que el Gobierno Central está exigiendo el reintegro de las subvenciones a algunos beneficiarios.

Según la Generalitat, el Ministerio de Fomento está reclamando de forma general la devolución de las ayudas concedidas, incluso en algunos casos con intereses de demora, a jóvenes que han excedido el límite de ingresos fijado en 22.000 euros y que pueden deberse al pago de horas extras, gratificaciones no habituales o, incluso, indemnizaciones por despido.

El Gobierno autonómico alude a la "mala regulación estatal de esta ayuda", que "ha provocado que se puedan dar estos casos". La devolución de las ayudas correspondientes a todo un año supera los 2.500 euros, según recoge el acuerdo de Gobierno.

En él, se explica que esta ayuda se tramita desde las ventanillas únicas de atención al ciudadano de las comunidades autónomas, unas oficinas que el Gobierno Central ha anunciado que va a dejar de financiar, con lo que incumplirá lo pactado en el Plan de Vivienda y se ahorrará 6,4 millones de euros en la Comunidad.

Además, se asegura que la última modificación de la normativa de la Renta Básica de Emancipación realizada a través de este real decreto "regula plazos y fases del procedimiento de tramitación y reintegro de esta ayuda de forma detallada, excesiva y desproporcionada que son competencia de la Generalitat".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Sánchez de León afirmó que con la modificación del real decreto, más de 1.600 jovenes tengan que devolver esta ayuda al Ministerio y consideró que se trata de "una cuestión que perjudica a un colectivo importante". "No podemos mirar a otro lado cuando el paro juvenil está en tasas superiores al 40%", aseveró.

El Consell interpuso un requerimiento de incompetencia al Gobierno central que fue notificado a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana el 28 de diciembre de 2010. Un mes después, el Gobierno de España dio contestación al requerimiento, pero la Generalitat consideró que los argumentos aducidos en la respuesta "en modo alguno rebaten las consideraciones jurídicas fundamentadas por el Consell, por lo que éste continúa con el procedimiento y planteará conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional".