Las tres organizaciones celebraron este jueves que el Tribunal Supremo haya abierto así oficialmente la puerta al primer proceso judicial dirigido contra el Gobierno español por acción insuficiente ante el cambio climático.

"Desde el anuncio de la interposición del recurso, numerosas organizaciones internacionales, tanto ambientalistas como jurídicas, se han puesto en contacto con nosotros para manifestar su interés en el caso y brindarnos su apoyo", señaló Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones, quien añadió: "La preocupación por el cambio climático en nuestro país, uno de los más vulnerables a este fenómeno de toda Europa, trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia de la puesta en marcha de este litigio para pedir al Gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático ha sido recibida con ilusión y esperanza en foros internacionales de toda índole”.

Las ONG presentaron un escrito de interposición ante el Tribunal Supremo, competente en los recursos contra el Gobierno español, en el que exponen los motivos que tienen para iniciar una demanda contencioso-administrativa.

En su resolución, el Tribunal Supremo requiere al Ministerio para la Presidencia para que, en el plazo de 20 días, remita el expediente administrativo correspondiente al caso por el que se le demanda. Tras ello, el Supremo emplazará a las organizaciones para que presenten su demanda, en la que se expondrán los argumentos por los que consideran que el Gobierno está incurriendo en una grave inactividad frente al cambio climático.

Las organizaciones abogan por una reducción de un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2040.

OTROS PROCESOS JUDICIALES

El anuncio de ese proceso judicial se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Actualmente, 39 Estados afrontan demandas de ese tipo, como Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, India y Nueva Zelanda.

El caso más notorio es el de Países Bajos, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno neerlandés a tomar medidas climáticas más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% a finales de 2020.

El litigio climático en España se fundamenta en que España incumplió dos compromisos que la UE obligaba a presentar el pasado 31 de diciembre: un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y una estrategia de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050.

Según las organizaciones, para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados con respecto a la era preindustrial, España debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% hasta 2030 en relación a los niveles de 1990 y llegar a cero emisiones netas en 2040. El Pniec, que es la hoja de ruta climática de España, recoge una reducción de un 23% hasta 2030, según el Plan presentado por el Gobierno a la Comisión Europea.

Las tres organizaciones consideraron que las políticas del Gobierno, pese a que han mejorado respecto a las de los Ejecutivos anteriores, son "muy insuficientes para mitigar el cambio climático y salvaguardar un medio ambiente saludable en el que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en condiciones dignas y saludables".