"Esta norma culmina una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad", indicó CSIF.

Para la central sindical, el real decreto ley de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria agravará los problemas estructurales advertidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un nuevo informe, por lo que el sindicato está analizando su posible impugnación.

En lugar de que se rebaje el nivel de exigencia para el alumnado, CSIF insiste que la pandemia lo que exige es "una reforma urgente de la educación para incrementar el gasto educativo en 21.000 millones de euros y alcanzar así la cifra de los 74.687 millones en el conjunto del Estado (el 6% del PIB)". "Proponemos un refuerzo educativo urgente y más apoyo al alumnado en vez de rebajar el nivel de exigencia para aprobar", añadió la organización de funcionarios.

CSIF subrayó que "en ningún momento" el pasado lunes, durante la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, no convocada desde mayo "pese a la gravedad de la situación", el Ministerio presentó la nueva norma que aprobó este martes el Consejo de Ministros. "Tampoco dicho real decreto ley ha recibido el aval del Consejo Escolar del Estado, como es preceptivo en las normas educativas", añadió CSIF.

"Exigimos que se concrete el número de materias suspensas para promocionar, tal y como se ha venido estableciendo en todas y cada una de las leyes educativas y que no se deje a criterio de cada CCAA y centro, lo que provocará más desigualdades", añadió la central sindical que también critica que se elimine el requisito del máster para dar clases durante la pandemia. "Es un parche coyuntural que no contribuye al objetivo de reforzar la calidad de nuestro modelo educativo", zanjó CSIF.