Así lo expresó el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, encargado de conducir el webinario ‘El Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: herramienta efectiva para la denuncia de casos de violación de derechos humanos’, al que asistieron telemáticamente más de 250 personas.

Como explicó el Cermi, al ser España signataria de este Protocolo Facultativo, permite enviar comunicaciones y quejas individuales ante Naciones Unidas, una vez agotados los recursos jurisdiccionales internos, para que se pronuncie sobre la violación a los mandatos de los tratados de derechos humanos.

“Estos dictámenes deben ser atendidos como sentencias de un tribunal, cuyas conclusiones se orientan a reparar derechos conculcados, en este caso por España, al no acatar las obligaciones con el propio tratado”, detalló.

En este sentido, la primera mujer con discapacidad en formar parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité de la Cedaw), Ana Peláez Narváez, explicó que el Protocolo Facultativo es un instrumento adicional que los Estados pueden ratificar de forma complementaria a la Convención Internacional de la Discapacidad para que se puedan presentar denuncias individuales por la vulneración de derechos.

Asimismo, puso de relieve la necesidad de que se denuncien ante Naciones Unidas las vulneraciones de derechos fundamentales por razón de discapacidad cuando, además, a nivel nacional no se den respuestas por parte de las administraciones y los tribunales de justicia.

Además, la secretaria para Acciones Urgentes y Quejas Individuales de la Oficina de Peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ana Batalla, desgranó los procedimientos para presentar quejas ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para que se puedan admitir a trámite y, posteriormente, se pronuncie dicho organismo.

En este punto, Jorge Cardona, catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Valencia y exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, destacó que “preparar el envío de una solicitud de investigación al Comité lleva varios meses, porque implica trabajo de investigación para demostrar que hay una violación grave de derechos”.

Entre los factores que se tienen que dar para que una denuncia sea admitida a trámite por el Comité, Cardona apuntó a la gravedad y a que la vulneración de derechos, aunque no sea grave, sí sea sistemática.

Este experto reconoció que “no es un procedimiento rápido y sencillo” y lamentó que en líneas generales, cuando se está produciendo una discriminación, no se puedan pedir medidas cautelares mientras se lleva a cabo una investigación.

En esta línea, recordó que España fue sometida a este proceso de investigación y condenada por el Comité de la Discapacidad de la ONU por no garantizar el derecho a la educación inclusiva, pese a lo cual, el Cermi sintió que no hubiera habido “reacción” por parte del Estado español.

TESTIMONIOS

En el encuentro, se celebró una mesa redonda con testimonios de personas que han denunciado vulneraciones de derechos ante la ONU. En ella, la abogada Gema Fernández, de la asociación Womens Link Worldwide, puso sobre la mesa el caso condenatorio a España del Comité de la Cedaw por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que su padre, maltratador, asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación.

“Todo el mundo lamentaba mucho el desenlace de su caso, pero nadie aceptaba que había responsabilidad institucional, por lo que, agotadas las vías nacionales, se buscó amparo en la ONU”, expresó esta experta, quien añadió que para la madre era muy importante "que esto no volviera a suceder”.

Alejandro Calleja, padre de un hijo con discapacidad al que se le ha negado el derecho a la educación inclusiva, hecho por el que la ONU ha condenado recientemente a España, destacó que su hijo sufrió acoso “gravísimo” cuando acudía a un colegio público ordinario en Castilla y León. Así, repasó su periplo judicial y agradeció que otras familias de compañeras testificaran a su favor para exponer la situación que se vivía en el aula. “A mi hijo no se le garantizó poder disfrutar del derecho a la educación inclusiva y a gozar de una vida libre de violencia”, denunció.

También se compartió el caso por la discriminación contra un guardia urbano con discapacidad sobrevenida por no garantizar que los policías que adquieran una discapacidad puedan pasar a desarrollar una segunda actividad, sin verse obligados a abandonar su actividad laboral. Expuso su testimonio en primera persona el impulsor de aquella denuncia, Vicenç Flores, quien criticó al Ayuntamiento de Barcelona por “no cumplir la Convención Internacional de la Discapacidad”.

Igualmente, incidió en que hay más casos como el suyo en otras comunidades autónomas que también se van denunciando “porque la unión hace la fuerza”.

Por su parte, las juristas Patricia Cuenca e Inés de Araoz detallaron otro caso que, aunque no ha concluido, ha sido admitido a trámite, fruto de una denuncia por falta de ajustes de procedimiento en una persona con discapacidad intelectual interna en un establecimiento penitenciario. Araoz criticó que “no se tuviera en cuenta en ningún momento la discapacidad intelectual durante el proceso judicial sobre la presunta comisión de un delito, del que tenemos dudas sobre si realmente se cometió”.

Ante esta situación, indicó que Plena Inclusión decidió dar apoyo a esta persona y, una vez agotados todos los tribunales en España, se decidió acudir a la ONU. Por su parte, Patricia Cuenca remarcó que “lo que intentamos denunciar es que se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones y el derecho de acceso a la información, así como a la libertad y seguridad de la persona”, todos ellos mandatos recogidos en la Convención Internacional de la Discapacidad.

Por otro lado, todos los testimonios coincidieron en que el proceso para litigar y llegar a Naciones Unidas es complejo, pero necesario. Así, Gema Fernández declaró que “a veces puede ser desgastante” litigar, porque no haría falta si hubiera más voluntad de cumplir derechos, pero sin duda, el esfuerzo merece la pena, porque a medida que vamos consiguiendo pequeños éxitos, vamos sentando las bases para ir avanzando”.

Coincidió también con esta idea Rubén Calleja, quien destacó que “dificultades en el proceso nos hemos encontrado todos”, pero merece la pena luchar, “aunque para una familia es como que se te viene un tsunami encima”.

Asimismo, pese a que se mostró “optimista”, criticó que desde las administraciones no se haya contactado con su familia pese al reciente dictamen condenatorio contra España. “En todo caso, para mi hijo esperamos un futuro de inclusión”, enfatizó.

Por último, el delegado del Cermi para los Derechos Humanos finalizó la jornada quejándose de la “desidia de España para atender sus obligaciones con los imperativos legales derechos humanos”, al tiempo que se preguntó “por qué se crean expectativas tan grandes en las víctimas si no hay voluntad para hacerlas efectivas”. En este sentido, propuso analizar el Derecho interno para dar efectividad a estas resoluciones y aplicarlas como sentencias.