“El jefe del Estado siempre respeta la neutralidad democrática e institucional que le exige el cumplimiento de la Ley”. De esta manera respondió la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa que ofreció tras el Consejo de Ministro, cuando se le preguntó por la ausencia del Rey en un acto judicial en Barcelona y las críticas de algunos ministros contra él.

En concreto, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, publicó un mensaje en Twitter en el que afirmó que “la posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad mientras es aplaudida por la extrema derecha, es sencillamente insostenible”.

También se pronunció en las redes sociales el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, señalando que “respeto institucional” significa “neutralidad política” del Rey.

Todo ello ocurrió después de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, desvelara una llamada del monarca en la que le dijo que le hubiese gustado estar presente en el acto al que el Gobierno decidió que no acudiera.

Como ya se afirmó en un comunicado desde el Palacio de la Zarzuela la llamada del Rey fue de “cortesía”, aspecto en el que ahondó la portavoz del Ejecutivo. "Una llamada de cortesía no es más que eso, de cortesía y debe quedar en el terreno de la discreción, no más allá”, afeó Montero.

Preguntada Montero por si se le hizo algún reproche a Garzón o Iglesias por sus críticas al Rey, la portavoz se ciñó a que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y que los integrantes del Ejecutivo prometen su cumplimiento.

La portavoz no entró a aclarar por qué el Ejecutivo cree que la presencia del Rey perturba la convivencia en Cataluña como explicó el ministro de Justicia y se aferró a que desconocía las palabras de Juan Carlos Campo.

Montero justificó que el Ejecutivo está formado por dos partidos que coinciden en muchas políticas, pero que tienen “algunas diferencias” en cuestiones como han expresado en los últimos días, aunque el Gobierno ha “fijado de manera clara” más de una vez su defensa por las instituciones que emanan de la Constitución.

En este contexto, ahondó en la defensa de “todas” las instituciones constitucionales y aprovechó para arremeter contra los partidos, especialmente el Partido Popular, por bloquear la renovación de los órganos, como el Consejo General del Poder Judicial.