Así lo anunció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde detalló que estas medidas se han incluido en el real decreto ley de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

De esta forma el llamado "escudo social" que puso en marcha el Ejecutivo para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la epidemia de coronavirus en materia de vivienda, en principio hasta el 30 de septiembre, se extenderá hasta el 31 de enero; es decir, una prórroga idéntica a la que se ha otorgado a los ERTE.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado, por un lado, la prórroga hasta final de enero de la prohibición de los desahucios, en las mismas condiciones en las que la estableció en el real decreto original de primavera.

Por otro lado, ha establecido una prórroga automática de los contratos de alquiler, con el fin de evitar subidas abusivas por parte de los propietarios a las que no puedan hacer frente los inquilinos.

Finalmente, el Gobierno ha extendido hasta el 31 de enero la obligación impuesta a los grandes tenedores de vivienda, según la cual ellos deben decidir entre facilitar a sus inquilinos una quita del 50% del alquiler o bien una reestructuración de la deuda que permita pagarla en un plazo mínimo de tres años.