El proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso de los Diputados marca objetivos climáticos nacionales para 2030 (un 20% menos de emisiones de gases de efecto con respecto a 1990, un 35% de renovables en el consumo de energía final, un sistema eléctrico con al menos un 70% de energía de origen renovable y al menos un 35% de eficiencia energética) y para 2050 (que España alcance la neutralidad climática).

Cañete expuso su versión sobre esta norma al comparecer en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja, que comenzó este mes de septiembre una ronda de expertos antes de que los diputados traten de mejorar el texto mediante enmiendas.

Destacó que "la ambición climática y el crecimiento económico son plenamente compatibles", pues la UE redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% entre 1990 y 2019, mientras la economía creció un 62%.

El excomisario instó a los parlamentarios españoles a aprobar la ley con el "máximo nivel de consenso" para que la norma cuente con la "máxima legitimidad democrática", como ha ocurrido en la UE, donde la legislación climática fue respaldada por un 78,8% del Parlamento Europeo y 26 de los 28 Estados miembro (antes de la salida del Reino Unido) y la energética contó con el 80% de apoyo de la Eurocámara y una media de 26,8 países.

Por ello, consideró que "no tiene que haber ningún motivo" para que haya un "consenso similar" en el Parlamento español cuando en la Eurocámara se han aprobado normas con casi 200 partidos nacionales integrados en ocho grupos parlamentarios.

OBJETIVOS "DESFASADOS"

Además, Cañete abogó por elevar la ambición climática de la ley española porque sus objetivos están "desfasados", toda vez que parten de la base de que el objetivo de reducción de emisiones de la UE es del 40% para 2030, cuando recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que podría elevarse al 55%.

Por ello, apostó por mejorar los objetivos nacionales a 2030: un 55% menos de emisiones de gases de efecto invernadero; entre un 38,7% y un 40,6% de penetración de renovables en el consumo final de energía, y entre un 39,25% y un 40,6% de eficiencia energética.

Respecto a los recursos públicos destinados a la lucha contra el cambio climático, Cañete recomendó que la ley, en línea con lo propuesto por el Consejo Europeo, mencione que al menos un 30% del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y del fondo de recuperación de la Covid-19 sean para cumplir los objetivos climáticos y ambientales, y que el Gobierno informe anualmente de los gastos que realmente ejecute en este sentido.

Por último, Cañete apostó por que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aluda al Fondo de Transición Justa de la UE (cuya dotación está pendiente de fijar, ya que varía de los 17.500 millones de euros propuestos por el Consejo Europeo, los 43.000 millones de la Comisión y los 57.000 millones de la Eurocámara) y a los planes territoriales que se beneficiarían de esa financiación comunitaria.