Apoyan su reclamación, acompañada de la petición de una entrevista, en hechos "sobradamente documentados" como los registrados "en el IES Sant Agustí de Ibiza, permitiendo las presiones a un profesor; en el caso de 200 alumnos afectados por la anulación de plazas de español en las escuelas públicas Donibane y Fuerte del Príncipe, de Pamplona; en lo sucedido a un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, requerido por la dirección y por la Inspección Educativa para que no utilice español en sus comunicaciones escritas; en la ley del plurilingüismo de Marzà en la Comunidad Valenciana, que reduce incomprensiblemente la enseñanza del español en zonas castellanohablantes o, finalmente, en las revelaciones del informe la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (2019), probando que ni un solo centro educativo público de esa comunidad cumple la normativa lingüística".

El Foro de Profesores sostiene en su carta que "los derechos no son de las lenguas. Son de las personas. De todas las personas. Es inaceptable que servidores públicos utilicen la política lingüística como herramienta de confrontación política y más aún cuando las víctimas son menores".

Asimismo, recalcan que esos casos son sólo "la punta del iceberg" y que "muchos ciudadanos y colectivos llevan años alzando la voz contra las políticas lingüísticas nacionalistas que, esgrimiendo el argumento de la protección de lo que denominan 'lenguas propias' vulneran una y otra vez los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en múltiples ámbitos, siendo especialmente sensible el educativo".