En declaraciones a Radio Nacional recogidas por el Gobierno, Campo valoraba así que el jefe del Estado transmitiese al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que le hubiera gustado ir a la ceremonia de la capital catalana y que luego el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, hayan acusado al Don Felipe de no estar siendo neutral en este asunto.

En este sentido, Campo dijo que Iglesias y Garzón hacen uso de “su libertad de expresión” al pronunciarse de esta manera, al tiempo que apuntó que es públicamente conocido que sus opiniones al respecto sobre el Monarca “son otras”.

No obstante, el ministro señaló que “tenemos obligación de rebajar la tensión” y que “no hay ningún frentismo con la Casa Real, en absoluto”, en referencia a que de este esta polémica pueda deducirse que hay desavenencias entre el Gabinete de Pedro Sánchez y el Monarca.

“DESCOMPOSICIÓN” DEL CGPJ

Añadió que había “razones que desaconsejaban la presencia” de Don Felipe el viernes en Barcelona y que tienen que ver con la “convivencia”. Explicó que entre estos motivos están la “inminencia” de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la “cercanía” del 1 de octubre, fecha en la que en 2017 los nacionalistas catalanes celebraron un referéndum ilegal de independencia.

Campo aludió a que el Gobierno intentó que Lesmes cambiara el acto de día para que acudiera el Rey, pero que el presidente del CGPJ se negó a ello. Opinó que la toda a polémica suscitada al respecto no es atribuible al presidente del órgano de gobierno de los jueces, sino a la “descomposición” en la que ha entrado esta institución al no renovarse y llevar cerca de dos años en funciones.

A este respecto, señaló que el Ejecutivo no descarta ninguna opción de reforma para que esta interinidad del CGPJ no se repita, ya que “la democracia no pude pararse”. Apuntó a que entre los cambios posibles, que no valdrían para la situación actual, estarían que la lista de candidatos a vocales que plantean los jueces sea menor, de forma que las Cortes tengan menos opciones de no escoger a aspirantes deseados por la carrera judicial. Otra modificación posible sería que el Consejo, al superar su plazo de vigencia, viera reducidas sus competencias y funcionara como una especie de “Gobierno en funciones”.

En cuanto al hecho de que el CGPJ pueda nombrar esta semana a nuevos magistrados pese a estar en funciones, Campo se refirió a que el Ejecutivo no puede dar “ninguna orden, consejo ni advertencia” a Lesmes para que no se efectúen estas designaciones, aunque no hacerlas “sería una medida de apoyo a la obligación de renovación de los órganos constitucionales”.