En concreto, esta proposición de ley suprime el párrafo 2 del artículo 156 del Código Penal, que ahora despenaliza la esterilización forzada "acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos y a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado".

Esta semana concluyó sus trabajos preparatorios la ponencia encargada de informar sobre el proyecto de ley a la Comisión de Justicia. En su dictamen, propone la aceptación de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de supresión de la disposición adicional única, así como la inclusión de otra enmienda transaccional presentada por el mismo partido, que añade una nueva disposición final tercera bis. Esta última fue respaldada por todos los grupos salvo por el PP, que se abstuvo, y Vox, que votó en contra.

Establece que, una vez aprobada la reforma del Código Penal, el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de las normas orgánicas de Derechos y Autonomía del Paciente y de Salud Sexual y Reproductiva.

Su objetivo sería "garantizar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones reciban la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada", así como "regular la obligación de los poderes públicos de proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo, asistencial y formativo”.

Además, la ponencia también insta a la Comisión a aceptar las observaciones técnicas formuladas por los Letrados de las Cortes Generales adscritos a ella. El texto fundamental que vino de la Cámara Alta a propuesta de Ciudadanos apenas se ha modificado y previsiblemente será aprobado en Comisión por una muy amplia mayoría.

Según la iniciativa, una década después de la entrada en vigor de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la permanencia de esta posibilidad legal en el Derecho nacional constituye "una grave anomalía en términos de estrictos derechos humanos".

Sostiene que el hecho de que "nuestro Estado siga permitiendo que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad por mitos tales como 'el bien de la familia', 'la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres' o 'por su bien', atenta directamente contra el artículo 23" de dicho tratado.