La organización presentó un informe sobre los modelos de explotación laboral de las plataformas digitales de reparto en el que se concluye que empresas como "Deliveroo, Glovo y Uber Eats utilizan conscientemente la vulnerabilidad de las personas en situación administrativa irregular para aumentar la competencia entre sus repartidores y acaparar cada vez más mercado".

En ese sentido, el informe destaca que los solicitantes de protección internacional procedentes de Venezuela y los de nacionalidad colombiana destacan sobre los demás colectivos.

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, denunció durante la presentación del estudio que la "situación de esclavismo que sufren estos trabajadores migrantes" es "canallesca" y defendió que no se debería permitir en España.

"Los trabajadores se ven atrapados en una telaraña y el Gobierno lo sabe (...), por tanto, debe de actuar a través de la Inspección de Trabajo y hacer cumplir la ley”, agregó Pino, que también defendió que "no valen regulaciones a la carta, tal y como pretenden las plataformas digitales de reparto", y que se debe evitar que "triunfen esas formas de trabajo".

Asimismo, el coordinador de la plataforma Turespuestasindical.es, Rubén Ranz, detalló el sistema de flotas que utiliza Uber Eats para competir con Glovo y Deliveroo. Sobre ello, explicó que crean flotas con trabajadores en situación administrativa irregular que funcionan con alquiler de cuentas, es decir, con suplantación de identidad, o creando una con cuenta propia.

En esta última modalidad un repartidor de los más antiguos se da de alta como autónomo y crea una empresa a través de la que recibe la facturación de los repartidores de su flota y semanalmente paga a cada 'rider' según lo ingresado y tras descontar un porcentaje que oscila entre el 30% y el 40%. "Eso sí, el alta en la aplicación y designar la flota se realiza a través de Uber Eats", agregó Ranz.

Por todo ello, desde UGT solicitan una mayor implicación de la Fiscalía, exigen transparencia sobre los algoritmos que condicionan la forma de trabajo en estas plataformas y también avances en la negociación colectiva como herramienta para la adecuación de su actividad a los ámbitos de los convenios sectoriales.

A ello se suma la reiteración en la reivindicación de reconocer la relación laboral de los repartidores para acabar con estos abusos y una revisión del Código Penal y la normativa de extranjería para incorporar los delitos de trabajo forzoso y servidumbre para garantizar mayor protección a las víctimas de los delitos contra los derechos de los trabajadores.

Además, el sindicato insta a una revisión del concepto de centro de trabajo ante la "deslocalización virtual" de las plataformas digitales. En ese sentido, argumentan que muchas actúan desde otros países y entienden que el centro de trabajo es donde está encendida la aplicación y, por tanto, que se debe aplicar el convenio provincial donde esté ubicado el repartidor.