Campo se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde el diputado del PP Luis Santamaría le preguntó si “la reforma de los delitos de rebelión y sedición forma parte de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado”.

El titular de Justicia respondió que la legislación penal debe encontrar el “tono justo” para abordar los delitos, ya que se aplica en una “realidad cambiante”. Asimismo, emplazó al PP a examinar cómo se aborda la cuestión de la rebelión y la sedición en las legislaciones de países como Francia , Italia o Alemania, ya que después de hacer esta comparación no se puede sostener que no es necesario un cambio en España.

Indicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en su investidura que sometería “a revisión los delitos de rebelión y sedición” y “eso estamos”. A este respecto, emplazó al PP a sumarse a este “debate”, al diálogo y a un proyecto de “una mejor España”, de forma que el primer partido de la oposición no se caracterice sólo “la no renovación de las instituciones”, en referencia a la necesidad de nombrar nuevos miembros en el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

EL PP VE UNA “AMNISTÍA”

Por su parte, Santamaría criticó que el Gobierno se plantee la reforma de los delitos de sedición y rebelión, en vez de aceptar la oferta del líder del PP, Pablo Casado, hizo en febrero pasado para “firmar un compromiso por España” para que determinadas cuestiones relevantes quedaran al margen de lo que decidieran “independentistas” y “populistas”.

Este diputado popular añadió que,en vez de aceptar este acuerdo, el Ejecutivo va a buscar “una amnistía a los presos condenados por el 'proces'”, en referencia a que una reforma del delito de sedición podría suponer una rebaja sustancial de la penal de los incluidos en la sentencia del Tribunal Supremo.

Santamaría también cuestionó que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, esté siendo “neutral e imparcial” con causas relevantes sobre las que se está debiendo pronunciar su institución, como las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus.