Empresas
La SEPI se apoyará en expertos para verificar que las empresas que acudan al fondo de rescate dan el perfil
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) podrá contratar expertos externos para verificar que las empresas que acudan al fondo de rescate dotado por el Gobierno con 10.000 millones de euros ofrecen el perfil exigido para acceder a las ayudas, así como para valorar la “validez y suficiencia” de la información aportada por los solicitantes.
La licitación de estos servicios será posible después de que el Consejo de Ministros haya autorizado este martes a la SEPI elaborar un Acuerdo Marco para contratar dichos servicios de apoyo externo.
El Acuerdo Marco se adjudicará mediante procedimiento abierto y por la tramitación de urgencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, con base a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 25/2020, al tratarse de servicios de inaplazable necesidad.
La financiación del Acuerdo Marco se realizará con cargo al citado Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégica y contará con vigencia hasta el 30 de junio de 2021 o el plazo mayor que para la concesión de medidas de apoyo con cargo a este fondo se determine por la Comisión Europea. Su duración máxima no podrá exceder, en cualquier caso, los cuatro años.
El Gobierno puso en marcha el fondo para ayudar a empresas estratégicas a encarar la crisis del Covid-19. Su recurso tendrá que solicitarlo las compañías, que deberán sujetarse a determinadas restricciones como la prohibición de distribuir dividendos en algunos supuestos o adquirir participaciones propias salvo las de titularidad estatal por cuenta del fondo.
Las empresas beneficiarias del fondo tampoco podrán realizar una expansión comercial “agresiva” financiada por las ayudas públicas, no podrán adquirir participaciones superiores al 10% de otras empresas ni pagar remuneración variable a su consejo de administración a menos que se haya reembolsado el 75% del apoyo público.
Estas dos últimas limitaciones se aplicarán durante tres años desde la concesión del apoyo cuando sean empresas participadas por el Estado. Para el resto de casos, las limitaciones antes mencionadas se mantienen hasta que se reembolse completamente el apoyo público.
(SERVIMEDIA)
22 Sep 2020
ECR/mjg