Bildu presentó esta iniciativa después del incendio que ha asolado este campo de refugiados y de que el Gobierno haya decidido no sumarse al grupo de diez países que acogerán a 400 menores que se encontraban en esta instalación.

En su exposición de motivos, Bildu recordó que en el campo de refugiados, con capacidad para 3.000 personas, se encontraban alrededor de 13.000, quienes, tras el incendio habido la noche del 8 al 9 de septiembre “han perdido lo poco que tenían” y “han tenido que huir”.

Todo ello, añade, en el marco de una “emergencia sanitaria global” provocada por la pandemia, con alrededor de 80 personas aisladas por el virus, y en un contexto en el que el Gobierno griego ha endurecido las leyes y los controles policiales y se suceden los ataques de la extrema derecha a los refugiados y a las ONG, “con la indiferencia de la UE”.

Este preámbulo le sirve para urgir a “esclarecer lo ocurrido y exigir el traslado de todas las personas, con especial atención a la infancia, a los países miembros de la UE con todas las garantías sanitarias y de derechos humanos necesarios para velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales”.

Por todo ello, Bildu reclama activar “todos los medios materiales necesarios” para el traslado a España de las personas procedentes del campo de Moria, en general, y para la acogida de refugiados “desde la perspectiva de derechos humanos”, en particular.

También impele a garantizar el derecho al asilo “desde una perspectiva integral” de aquellos solicitantes que se encuentran en España “pendiente de la garantía de sus derechos fundamentales”.

A su vez, plantea la creación de un “intergrupo específico” que tenga como misión la defensa de los inmigrantes y los refugiados en España y en la UE, y ensalzar la “extraordinaria labor” que desempeñan “las organizaciones de la sociedad en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas”.

Bildu propone “tener una actitud proactiva y, por tanto, exigir, mediante sus representantes institucionales tanto estatales como en las propias instituciones de la UE”, el cumplimiento de la legislación internacional en materia de asilo, como la Convención de Ginebra y los múltiples tratados en materia de derechos humanos y el derecho internacional, “para garantizar todos los derechos para todas las personas sin ningún tipo de exclusión”.

Por último, conmina a acabar con los acuerdos migratorios suscritos con aquellos países que vulneran los derechos humanos de los inmigrantes y los refugiados.