En una carta dirigida a la secretaria de Estado de Migraciones, Ana Halloul, la asociación solicita una solución para aquellas personas que "de una forma u otra han quedado atrapadas en España durante su estancia legal y a las que todavía hoy les resulta imposible volver a sus países", debido a la ausencia de vuelos o al cierre de fronteras.

Explica que cuando un extranjero entra llega a España mediante la modalidad conocida como “de turista”, es decir, con un visado temporal de estancia o amparado en la exención de ese tipo de visados que la Unión Europea concede a los países de una larga lista (prácticamente todos los de la OCDE, latinoamericanos y otros), esta persona goza de una estancia legal de un máximo de tres meses, que se puede prorrogar en caso de que haya causa y lo solicite con antelación.

Miles de personas que estaban en España durante las semanas previas al 15 de marzo se encontraron con que no pudieron volver dentro de esos tres meses de estancia para los que tenían permiso, ya que se cerraron las fronteras.

La asociación señala que por este motivo el Gobierno acordó no sólo no computar el tiempo de la alarma a efectos de ese plazo de estancia, sino decretar de forma general la prórroga de la estancia por tres meses a contar desde la finalización de la situación legal definida en el estado de alarma, es decir, a partir del 21 de junio.

"El consenso es que este 21 de septiembre vence tal periodo pero esas personas siguen atrapadas en España", ya que la pandemia se fue extendiendo a sus países de origen con posterioridad y sus fronteras, puertos y aeropuertos siguen cerradas.

Advierte que "si no se hace algo para remediarlo, el 22 de septiembre se encontrarán, "sin culpa alguna", en una situación de estancia irregular que la ley española "castiga con una dureza draconiana: expulsión forzosa con prohibición de entrada durante largos periodos de tiempo".