La sentencia señala como probado que, en su condición de alcalde, en los años 2008 y 2009 firmó sendos decretos para la concesión de dos licencias municipales de obras, para la construcción de viviendas unifamiliares, a pesar de “la ilegalidad de dichas actuaciones urbanísticas”, en cuanto a que estaban ubicadas en suelo urbano no consolidado.

Las licencias se concedieron, además, a pesar de los informes desfavorables del arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento.

Por otra parte, el acusado resolvió igualmente por decreto la autorización a una vecina del municipio para realizar la conexión a la red general de agua potable para su finca a pesar de constarle el carácter de rústico.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres.