La portavoz del Govern balear, Joana Barceló, confirmó este mediodía en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern la personación del Ejecutivo socialista en la instrucción judicial del "caso Palma Arena" en calidad de parte perjudicada.

Barceló explicó que la decisión se adopta después de haber revisado toda la información administrativa disponible en el Govern en torno a la polémica obra del velódromo palmesano, que está siendo investigada por presunta malversación de fondos

públicos y que ya salpica al ex presidente Jaume Matas.

"Una vez revisada la información", explicó Barceló, "entendemos de manera clara que debemos personarnos como parte perjudicada en el procedimiento", tras recordar que la administración balear asumirá el coste del velódromo hasta 2016.

Agregó la portavoz del Ejecutivo de coalición que de ese modo, "de una manera directa", el Govern "podrá defender mejor los intereses de los ciudadanos de todas nuestras islas".

Reiteró la conveniencia de actuar una vez levantado el secreto de sumario del proceso, así como el hecho de que el coste económico que implica esta instalación va “fundamentalmente” a cargo del Govern, “y si se confirman los indicios de malversación se produciría un perjuicio de todos los ciudadamos, no sólo del consorcio”. Así que “se ha valorado como un acto obligado”.

El sobrecoste del proyecto asciende a 46 millones de euros cuyo pago corresponde al Ejecutivo insular. Preguntada Barceló por las posibles críticas del PP de no actuar del mismo modo en casos que investiga e implican a personas relacionadas con los partidos que dan soporte al Govern, contestó que con esta personación no juzgamos, juzgan los juzgados, y eso ha de quedar muy claro”.