En una primera fase estarán disponibles los 8.000 millones habilitados por el Consejo de Ministros el pasado 28 de julio, con la intención de ir liberando nuevos tramos en función de su uso a fin de poder adaptarlos a las necesidades que se observen como ya hizo el Gobierno con el primer programa de avales del ICO por valor de 100.000 millones.

Como en el anterior programa, cubrirán al 80% el crédito que se conceda con su aval a pymes y autónomos y al 70% la financiación para grandes empresas, pudiendo alcanzar las operaciones un plazo de amortización de hasta 8 años.

De la cuantía total, el Gobierno vuelve a primar a las pequeñas empresas reservando 5.000 millones para pymes y autónomos y los 3.000 millones de euros restantes para compañías de mayor dimensión.

Los fondos servirán para cubrir necesidades de liquidez, aunque su prioridad es impulsar la inversión nueva. Sólo podrán realizarse operaciones nuevas, de forma que no podrán servir para refinanciaciones, reestructuraciones, renegociaciones de deuda o cancelaciones de las mismas ni para ampliaciones o novaciones de créditos preexistentes.

El principal objetivo del nuevo programa del ICO es fomentar nuevas inversiones en España destinadas a “adaptar, ampliar o renovar sus capacidades productivas y de servicios o para el reinicio o reapertura de su actividad”, según figura en las condiciones del programa del organismo.

Se entenderá como tal las inversiones nuevas efectuadas en activos de primer uso o segunda mano desde el pasado 29 de julio, el día posterior a la aprobación del primer tramo de estos avales en el Consejo de Ministros. Podrá solicitarse un crédito con este aval para inversiones o gastos corrientes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o renovación de las capacidades productivas o de servicios; y para el reinicio o desarrollo de la actividad.

Los bancos también podrán conceder créditos avalados para compras, alquiler leasing o renting de equipos, maquinarias, instalaciones, suministros de materiales y bienes y servicios relacionados con la inversión de la empresa para su actividad o para crear y mantener empleo. Y, por último, podrá recurrirse a estos avales también para créditos que cubran necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes de obligaciones financieras o tributarias.

La inversión deberá hacerse efectiva en el plazo de 24 meses siguientes a la fecha de firma de la operación de financiación y está acotada a empresas con domicilio social en España y cuya matriz no esté ubicada en paraísos fiscales.

Como en el programa de avales de 100.000 millones, se exige a los bancos que apliquen “los mejores usos y prácticas” en “beneficio de los clientes”, sin que puedan aprovechar la financiación avalada para comercializar otros productos ni condicionarla a su contratación.

Los costes de los nuevos préstamos que se beneficien de estos avales tendrán además que mantenerse “en línea” con los costes que cargaban antes del inicio de la crisis del Covid-19 e, incluso, fijar precios más económicos frente a productos análogos ya que cuenta con el aval público.

La línea de avales se lanza, en principio, hasta el 1 de diciembre del 2020 y el organismo asignará sus avales a las entidades interesadas en comercializarlas en una cuantía proporcional a su cuota de mercado hasta el próximo 1 de noviembre. A partir de esa fecha se distribuirá el importe de los avales no utilizados entre los operadores en función de la contratación que hubiesen hecho hasta entonces a fin de facilitar su uso.