El Gobierno regional aprobó, además, una inversión de 3.619.142,87 euros en material sanitario, de protección y limpieza para el hospital temporal que se instaló en Ifema al inicio de la pandemia, y para material destinado a los centros del Sermas.

El Consejo de Gobierno también fue informado de la adquisición de este suministro, tramitado también con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por el coronavirus.

El hospital de Ifema, instalado para pacientes con Covid-19, estuvo funcionando entre los meses de marzo y mayo y ha llegado a contar con 1.300 camas de hospitalización. Además, dispuso de 96 puestos de UCI en las instalaciones, en las que trabajaron 1.000 profesionales sanitarios en dos de los pabellones, los 7 y 9. Cerca de 4.000 pacientes ingresaron en el centro durante su puesta en marcha.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno fue informado del contrato de trasporte desde el Aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez hasta este hospital. En concreto, este servicio supuso un coste de 133.826 euros entre los meses de mayo y julio de este año y comprendía el traslado de productos sanitarios y distinto equipamiento requerido para el buen funcionamiento del hospital sanitario temporal.

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO-MAJADAHONDA

Asimismo, el Consejo de Gobierno conoció también hoy la adquisición de distinto material para el Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda que tramitó en el mes de mayo distintos contratos para hacer frente a las necesidades generadas por la pandemia, como respiradores no invasivos e invasivos, una mesa de anestesia y monitores de respiradores.

La tramitación por el procedimiento de emergencia permitió al Hospital Puerta de Hierro reaccionar de forma rápida y adoptar medidas urgentes para atender a las necesidades derivadas de esta crisis, adquiriendo este equipamiento, fundamental para la lucha contra el coronavirus dentro del centro, tras la autorización de la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias de la Consejería de Sanidad.

A todos los contratos de las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19 les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.