El Defensor del Pueblo resolvió finalmente no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020, de simplificación administrativa en Andalucía. No obstante, la Institución estimó necesario realizar una reflexión dirigida al presidente de la Junta de Andalucía sobre la técnica normativa aplicada y las implicaciones que puede tener, a pesar de que esté garantizado ya el pronunciamiento del Tribunal Constitucional tras haberse presentado varios recursos contra esta norma.

Fernández Marugán, a título ilustrativo, expuso en su resolución que en la década 2010-2019 el Parlamento de Andalucía aprobó 82 leyes, 10 de las cuales eran leyes anuales de presupuestos. Este nuevo decreto ley incide sobre 19 normas legales, a las que hay que sumar tres normas con rango o valor de ley más varios decretos, que suman un total de 28 normas.

En opinión del Defensor, se ha optado “por establecer un modelo vertical y descendente de reformas, utilizando para tal fin el decreto ley, que elimina trámites y permite alumbrar la nueva legislación en un tiempo récord”.

Sin embargo, para Fernández Marugán no parece esta la técnica normativa más adecuada porque, a su juicio, supone incrustar preceptos muy concretos en normas que parten de unas premisas y unos modelos de organización en ocasiones muy distintos.

Así, señala en su resolución que un cambio de esta magnitud no sólo –ni principalmente- se logra a través de modificaciones legales, sino que “requiere que el conjunto de los operadores jurídicos y sociales se convenzan de su necesidad y asuman sus postulados, aunque no necesariamente en todos sus términos”.

En este sentido, hace hincapié en que “difícilmente puede ser así, si la legislación surge como la voluntad de un Gobierno, que traduce el juicio técnico –no necesariamente el sentir del tejido social– de un grupo de expertos y altos funcionarios”.