Así se asegura en la Memoria del TSJC de 2019, que ha sido dada a conocer por esta institución y en la que se alude al problema de la salida de jueces de la comunidad catalana, que coincide con la tensión generada en los últimos años por el proceso independentista.

La Sala de Gobierno del TSJC señala que resulta “preocupante” la movilidad de los jueces y magistrados en la comunidad, “con un goteo constante de salidas de Cataluña hacia otros territorios en cada concurso de traslado, lo que provoca un elevado número de plazas vacantes que sólo se cubren, temporalmente, con los jueces de nuevo ingreso”.

Se destaca que “la mitad de los nuevos destinados a Cataluña llegan como primer destino judicial”, pero luego piden su traslado a otra parte de España. La Memoria añade que “este saldo negativo se ve incrementado con las bajas producidas durante el año 2019 por razón de jubilación (16), por pasar a la situación administrativa de servicios especiales y excedencia voluntaria (9), o por defunción (1)".

“LEJOS DE LA MEDIA ESTATAL”

El TSJC llega a las anteriores conclusiones tras explicar que la “plantilla orgánica” de jueces y magistrados en Cataluña a 31 de diciembre de 2019 era de 832 plazas. A esa misma fecha, los titulares efectivamente nombrados eran 744, de los que 2 se encontraban adscritos sin plaza en propiedad; 36 desarrollando comisiones de servicio con relevación de funciones (2 fuera de Cataluña); otros 2 participando en intercambio de autoridades judiciales; y 4 juezas electas todavía no incorporadas a sus plazas.

Se añade que a finales del año pasado existían en Cataluña 134 vacantes de jueces y magistradas. Se trata de 88 vacantes por falta de titular; 4 porque sus titulares se encontraban en servicios especiales en la carrera Judicial; 36 comisionados con relevación de funciones en refuerzos de otros órganos; 2 en actividades de intercambio de autoridades judiciales; y 4 juezas electas.

Según el TSJC, “Cataluña está lejos de la media estatal en cuanto al número de jueces por cada 100.000 habitantes". "Para situar a nuestra comunidad autónoma", dice la Memoria, "en la media del resto de España (11,91 jueces por 100.000 habitantes), sería necesario incrementar la planta hasta tener 911 plazas orgánicas (frente a las 832 existentes)”.