En rueda de prensa en el Congreso, distinguió los dos planos de decisión sucesivos. La calificación de la Mesa, explicó, únicamente se refiere a los requisitos reglamentarios, y dado que los servicios jurídicos determinaron que las peticiones se ajustan a esos requisitos, el PSOE no puso ningún obstáculo a su tramitación.

Sin embargo, políticamente el PSOE “no considera de interés que salgan adelante”, por lo que se opone a ellas. En el caso de la financiación de Unidas Podemos, argumenta que ya se está investigando judicialmente y el partido ha manifestado su voluntad de la colaboración con la Justicia.

“No hay caso”, sentenció, y el PSOE no quiere colaborar en la “estrategia del ventilador que practica el PP intentando hacer ver que todos los partidos son iguales” y que todos los casos sobre financiación tienen “las mismas consecuencias”. Subrayó, en ese sentido, que solo el PP ha sido condenado por financiación irregular “y no todos estamos en la misma disposición”.

En el caso de la investigación sobre Juan Carlos I, argumentó que la pretensión de “controlar la acción del anterior jefe del Estado” por parte del Parlamento no está prevista en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso como una de las funciones de los diputados, por lo que políticamente “no la consideramos pertinente ni relevante”.

Añadió, en la misma línea, que ha habido peticiones de comparecencia, por ejemplo, del vicepresidente segundo del Gobierno o del Delegado del Gobierno en Madrid, que se han tramitado en la Mesa por reunir los requisitos jurídicos para ello, pero el PSOE también se opone a ellas.