La organización presentó este martes el informe 'Factor de equidad actuarial del sistema contributivo de pensiones de jubilación español', un estudio en el que se analiza la relación entre las cotizaciones realizadas por los trabajadores y las prestaciones que reciben como pensión.

Entre sus conclusiones también figura la existencia de "importantes inequidades" al comparar diferentes casos de pensionistas que se retiraron a una determinada edad, dado que "no existe un criterio equitativo para adelantar o retrasar la edad de jubilación".

En este sentido, la asociación indica que, por ejemplo, este año una persona que acumulase 38 años cotizados a los 65 años podría jubilarse. Si decidiese prolongar su actividad hasta los 69 años y acumular 42 cotizados se beneficiaría de un "premio del 4% por cada año de demora".

En cambio, una persona con 65 años y 37 cotizados que decidiese seguir trabajando un año más que en el caso anterior, hasta los 70 años y acumular 42 cotizados, solo recibiría un premio del 2,75% por cada año demorado.

Desde el Instituto de Actuarios Españoles consideran que para conseguir un sistema de pensiones más equitativo entre aportaciones y prestaciones debería ponerse el foco en el tope del 100% del coeficiente por años cotizados, en las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación y las bajas bonificaciones por retrasarla.

Asimismo, el informe asegura que se deberían tomar dos decisiones. Por un lado, si existe la posibilidad de que la economía crezca por encima del 1,59%, el sistema mejoraría su sostenibilidad sin empeorar la suficiencia, aunque matizan que para ello habría que detallar las medidas que se van a tomar para conseguir un mayor crecimiento del PIB.

Según sus estimaciones, el valor real del PIB que permitiría obtener la equidad en el sistema de pensiones es del 5,67% durante los próximos 40 años, "cifra muy superior a todas las previsiones realizadas por las distintas instituciones" sobre el crecimiento de la economía española.

La segunda decisión afecta a las inequidades del sistema y apunta a la necesidad de acordar "el patrón lógico" que debe seguir de pensiones a la hora de "incentivar o desincentivar las jubilaciones en función de la edad biológica y los años cotizados al sistema".