La moción, consecuencia de la interpelación urgente formulada la semana pasada por el diputado popular Jorge Moragas a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, condena específicamente los ataques dirigidos contra las comunidades cristianas, a los que añade los orientados contra "otras confesiones".

Además, insta al Gobierno a defender la libertad de conciencia en sus relaciones bilaterales y multilaterales; concreta que tal libertad incluye la profesión de una religión, el cambio de religión y también la renuncia a todas ellas y expresa su apoyo a las minorías cristianas como ayer hizo el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

Por último, reclama al Gobierno que utilice todos los instrumentos a su alcance para proteger a los discriminados por razones religiosas, mencionando expresamente el derecho de asilo y la Alianza de Civilizaciones, aparte de otras "acciones especiales" en el marco de la nueva ley de igualdad de trato y no discriminación.

EL DEBATE

El ponente de la moción fue el diputado popular Jorge Fernández Díaz, quien reconoció el esfuerzo de su interlocutor socialista en las negociaciones, Juan Moscoso. Además, recordó que el derecho a la libertad de religión es un derecho fundamental (para la UE vinculado a las de expresión y opinión) y que la ONU considera que todos los derechos humanos son "indivisibles e interdependientes".

Por último, aun reconociendo que son los estados los que han de garantizar primariamente esos derechos, destacó que el principio de "injerencia humanitaria" faculta a la ONU a intervenir cuando algún estado se niega a hacerlo.

A su vez, Moscoso calificó el acuerdo para sacar adelante la moción de "muy importante" y se centró en vincularlo al adoptado ayer por el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en el mismo sentido. Igualmente, recalcó que protege a los perseguidos por blasfemia o supuesto antisemitismo.

Del resto de grupos, Jordi Xuclá (CiU) subrayó que no se trata de un debate sobre confesionalidad sino sobre derechos humanos y resaltó la mención que hace el texto aprobado al derecho de asilo como instrumento de protección a los perseguidos.

Por su parte, Aitor Esteban (PNV) contestó a una afirmación de Moragas en la interpelación a Jiménez, en la que el diputado popular criticó que se traslade el mensaje de que Europa tiene problemas con el cristianismo, pues le aporta sus raíces. Para Esteban, esto no es así, sino que, antes bien, es la "jerarquía cristiana" la que "tiene problemas dentro de la Vieja Europa".

Finalmente, Carlos Salvador (UPN) echó de menos la expresión de una solidaridad expresa con los grupos religiosos objeto de los ataques y con "la totalidad de la comunidad cristiana" y un compromiso para "combatir las ideologías del odio". No obstante, en aras del consenso anunció que su grupo retiraba las enmiendas introducidas en este sentido.

VOZ DISCREPANTE

La única voz discrepante fue, por tanto, la de Gaspar Llamazares (IU-ICV-ERC), quien, además de denunciar que su grupo no había sido convocado a transaccionar la moción, apuntó que "la política no está sólo hecha de principios", como el de defensa de la libertad religiosa que él comparte, "sino también de relatos, realidad y responsabilidad".

A tal efecto, tachó la iniciativa de "sesgada" y "desequilibrada", por no corresponderse con "una Europa laica" y dar menos valor a que "también ha habido atentados gravísimos" contra grupos islámicos como las comunidades chiíes y que en Europa ha habido discriminaciones como el rechazo a los minaretes en Suiza y a las mezquitas en varios países.

Finalmente, Llamazares señaló que, ahora que varios países musulmanes están viviendo procesos de secularización y democratización muy importantes, una moción como ésta "no ayuda" y, con ella, la UE no sólo se confirma "al margen" de los movimientos en esos países, sino que se queda "con el pie cambiado" e inmerso en la guerra contra el islam que sucedió al fin de la Guerra Fría.