La comparecencia ante la Comisión de Hacienda se producirá tras el respaldo unánime de los grupos de la Diputación Permanente a la petición de comparecencia urgente formulada por el PP el pasado martes.

El PSOE aceptó finalmente esta comparecencia rápida después de que su socio en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos, haya mostrado una posición favorable.

Los socialistas creen que el decreto es respetuoso con la autonomía local y no supone ninguna "incautación", como se queja la oposición.

Sin embargo, Unidas Podemos ve recentralizador el acuerdo con la federación de municipios y advierte de que les obliga a renunciar al grueso de sus ahorros y a convertirse en "banco del Estado".

El acuerdo con la FEMP prevé que la Administración General del Estado realizará un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros para los ayuntamiento, a los que se sumará un máximo de 400 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano, y la participación en fondos europeos que ascienden a 72.000 millones.

Los ayuntamientos que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Gobierno sus remanentes de tesorería, irán percibiendo de manera proporcional a esos sobrantes que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, habrán recibido la totalidad de los remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.