Los decretos-leyes tendrán que ser convalidados expresamente por el Parlamento autonómico en el plazo improrrogable de los 30 días siguientes a su promulgación o, de lo contrario, quedarán derogados.

La Asamblea sería convocada al efecto si no estuviere reunida, para celebrar un debate y votación de totalidad. En los supuestos de expiración del mandato o de disolución de la Cámara, esta facultad será ejercida por la Diputación Permanente. No obstante, la Cámara legislativa autonómica podrá tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

En ningún caso, los decretos-leyes podrán afectar a los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Constitución Española, a las instituciones de autogobierno reguladas en el Título I del Estatuto, ni al régimen electoral.

Tampoco podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de la Comunidad de Madrid ni las materias para las que el Estatuto exige expresamente la aprobación de una ley de la Asamblea, salvo las cuestiones tributarias previstas en el artículo 59.

La Comunidad de Madrid aduce que el mecanismo del decreto-ley está regulado por el Estado y también por otras comunidades autónomas, lo que “permite a los Gobiernos respectivos actuar con mayor agilidad y eficacia para adoptar medidas legislativas para responder ante situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, como las que se han dado, por ejemplo, con motivo de la pandemia de Covid-19”.

Para llevar a cabo esta reforma es necesario que la Asamblea de Madrid apruebe la modificación del artículo 15 del Estatuto de Autonomía.