En un comunicado, el Cermi defiende que este grupo de personas está especialmente expuesto a la enfermedad, por lo que es "de interés público sanitario" que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del Covid-19.

Denuncia que el régimen en las comunidades autónomas "es de absoluta disparidad" porque "en unas pocas" el coste corre a cargo de la administración sanitaria o social competente, pero "en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social" que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia.

A su juicio, "es profundamente injusto" alargar esta situación porque supone "un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno".

Por todo ello, el movimiento Cermi exige al Estado y a las comunidades autónomas que en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia "adopten con urgencia sendos acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad de las pruebas diagnósticas del Covid-19 en el ámbito de la discapacidad".