Según datos del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT, uno de cada diez profesores de la Comunidad de Madrid es víctima de agresiones físicas y robos en su trabajo.

Según FETE-UGT, "atajar un problema de esta envergadura implica depurar las responsabilidades de los agresores y desarrollar un plan de medidas preventivas que reduzcan los problemas de convivencia y el fracaso escolar en los centros".

La Federación considera que "la política del Gobierno regional, cuyos máximos exponentes son la aplicación de un régimen disciplinario a través del Decreto de Convivencia 15/2007 vigente en nuestra Comunidad y la actual promesa de dotar a los profesores del carácter de autoridad pública, en sí mismas no tienen utilidad alguna".

Por último, considera necesario "escolarizar equilibradamente al alumnado con necesidades de apoyo educativo entre todos los centros financiados con fondos públicos, ampliar las plantillas y la red de equipos de orientación y atención temprana y dotar a los centros de profesores de servicios técnicos a la comunidad en las zonas donde exista una alta tasa de alumnado con riesgo de exclusión social".

Además, sería necesario, según FETE-UGT, "elevar la dotación de orientadores en las zonas con más de un 10% de alumnado con necesidades de apoyo hasta una ratio de un orientador por centro y la inclusión de nuevos profesionales en el ámbito de los centros que estén coordinados con los servicios sanitarios y municipales".