Amnistía pidió que se revise su proceso y que reciba compensación económica por "los tres años de prisión injusta y equivocada".

La directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Kerrie Howard afirmó que "el Gobierno mexicano finalmente reconoció que nunca hubo evidencia que justificara el juicio y la sentencia de Jacinta a 21 años en prisión por secuestro".

Jacinta Francisco Marcial fue liberada por el juez que presidía el nuevo juicio tras una apelación que ganó a principios de 2009. La decisión del juez era inevitable después de que la Procuraduría General de la República anunciara que dejaría el caso contra Jacinta por falta de evidencia. En vista de las graves preocupaciones sobre la investigación y proceso originales

Amnistía Internacional adoptó a Jacinta como presa de conciencia el 18 de agosto de 2009 porque "la organización creía que no había evidencia suficiente que respaldara la acusación en su contra y era claro que había sido arrestada, juzgada y condenada únicamente porque era mujer, indígena y vivía en condiciones de pobreza".

La organización lanzó una ciberacción con este caso y más de 25.000 personas firmaron una petición exigiendo su liberación.

Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, estuvo detenida en el Centro de Readaptación Social de San José "El Alto" desde agosto de 2006.

Fue condenada por el secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), pero ganó una apelación en 2009.

Los agentes de la AFI declararon que Jacinta y otros comerciantes los secuestraron y mantuvieron como rehenes durante un operativo contra vendedores de discos piratas en la plaza de Santiago Mexquititlán en marzo de 2006. De acuerdo con la comunidad, ningún oficial fue detenido y el conflicto se resolvió sin violencia, indicó AI.