Hace dos semanas, el Ejecutivo tuvo que reconocer la existencia de negociaciones en marcha y el partido de Pablo Casado confirmó los contactos con el argumento de que mientras no cambie la ley, hay que cumplirla y pactar la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces.

Es una decisión de la dirección popular no exenta de polémica. Hay sectores del partido que recuerdan a Casado su compromiso de no pactar nada con el PSOE mientras mantenga sus alianzas con Podemos y llegue a acuerdos con partidos de corte independentista como Bildu o ERC.

A las resistencias internas del partido, hay que sumar las protestas de los sectores más conservadores de la judicatura. Como ejemplo sirve el comunicado emitido por la asociación Foro Judicial Independiente que criticó duramente el aplazamiento de los nombramientos que tenía previsto hacer el Pleno del CGPJ en su última convocatoria de julio, en espera de que los partidos lleguen a un acuerdo.

La votación de una moción de censura, previsiblemente en septiembre, no se lo pone fácil al PP, que tendrá complicado articular un discurso de oposición duro y a la vez llegar a acuerdos con el Gobierno, por lo que las fuentes consultadas en la judicatura descartan pactos antes de que se sustancie la moción en el Congreso.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 28 de julio la retirada del orden del día del debate y votación de cinco nombramientos discrecionales "ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano de gobierno de los jueces", cuyo mandato venció en diciembre de 2018.

PLAZAS A RENOVAR

Las plazas que se iban a renovar correspondían a tres magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Presidencia de la Audiencia Provincial de Orense. La Sala de lo Penal del TS fue la que juzgó a los líderes del `procés´ y la que verá los recursos, por lo que la designación de sus miembros tiene gran relevancia.

El pasado mes de enero, el Pleno del CGPJ ya decidió paralizar el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de que, una vez constituidas las Cámaras tras las últimas elecciones generales y con nuevo Gobierno, la renovación se produciría de manera rápida. Pero medio año más tarde la situación continuaba bloqueada.

DOS AÑOS DE RETRASO

El mandato del actual CGPJ finalizó en diciembre de 2018. Desde entonces, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha dirigido por carta en cuatro ocasiones a las presidentas del Congreso y del Senado instándoles a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que establece que los presidentes de ambas Cámaras deben adoptar las medidas necesarias para que la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La discreción con la que se están desarrollando los contactos da una idea del complejo encaje de unos pactos de Estado en plena batalla política. De hecho, PP y PSOE se vieron obligados a admitir que se estaba negociando la renovación tras una filtración salida del propio CGPJ. Ahora, el nuevo escenario político aleja la posibilidad de una pronta renovación.