Rumasa. Rojo anticipa que tratarán de echar la culpa al Gobierno

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente del Senado, Javier Rojo, anticipó hoy que no faltarán voces que achaquen al Gobierno algún tipo de responsabilidad en la situación que vive el grupo Nueva Rumasa.

Rojo hizo un paralelismo con lo que está sucediendo en materia de deuda. Explicó que solo el 25% de la deuda en España corresponde a las administraciones públicas, siendo el 75% atribuible a entidades privadas o particulares.

Insistió en que buena parte de esta deduda privada se ha generado durante años de funcionamiento del libre mercado, que ha permitido el sobreendeudamiento de empresas y familias.

Ahora, todas las críticas recaen sobre el Estado y las comunidades autónomas a las que se acusa de estar en el origen de la crisis económica. Algo que a Rojo le resulta "profundamente injusto".

Un proceso parecido puede producirse en el caso de Nueva Rumasa, aventuró. "¿Tiene culpa el Gobierno?, no. Pero no sé porqué me da que se acabará hablando del Gobierno" en este asunto, dijo en un encuentro informativo organizado por el Club Internacional de Prensa.

Ayer se conoció que las 10 principales firmas del grupo Nueva Rumasa se acogían a la situación preconcursal, paso previo al concurso de acreedores. Su fundador, José María Ruiz Mateos, trató de tranquilizar a los 5.000 inversores que, según el grupo, han comprado pagarés o acciones de empresas de Nueva Rumasa pese a las reiteradas advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La decisión de acogerse a la Ley Concursal, aunque no tiene por qué desembocar en una quiebra, trae a la memoria la expropiación de Rumasa hace 28 años por el primer Gobierno del PSOE, que aún colea en los tribunales, donde la familia Ruiz-Mateos exige 18.000 millones por lo que siempre ha considerado como un "expolio", pese a que ha ido perdiendo un pleito tras otro.

La decisión de acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que Ruiz-Mateos atribuye a la "bestial campaña" iniciada contra el grupo y "para salvaguardar los intereses de sus clientes, trabajadores y proveedores"; les concede un plazo de tres meses para negociar con sus acreedores y evitar declararse insolvente.

Transcurrido este plazo contará con otro mes más para presentar concurso de acreedores formalmente, que a su vez prevé dos meses más de negociaciones.

(SERVIMEDIA)
18 Feb 2011
SGR/gja