La organización, que gestiona más de 17.000 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual, valoró el acuerdo alcanzado entre Gobierno, comunidades y municipios sobre un plan de respuesta temprana ante nuevos brotes en estos centros.

Sin embargo, mostró su "preocupación" ante la falta de previsiones económicas, y exigió fondos que permitan llevar a cabo dichas actuaciones.

Según estimó, las medidas para evitar contagios durante el confinamiento en sus centros y servicios supusieron un aumento del coste por plaza del 30%.

Por este motivo, defendió que el impulso de los planes de contingencia acordado por las administraciones se acompañe de recursos suficientes, "para realizar todas las medidas con garantías de urgencia y seguridad".

Además, exigió que estos planes se desarrollen en condiciones que aseguren la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo residentes, a través de medidas como la accesibilidad a la información, el apoyo a la toma de decisiones o la planificación centrada en la persona y su familia.