Según informa Sareb, el convenio tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables anualmente hasta un máximo de cuatro más. Durante ese periodo, el consistorio será el encargado de gestionar los inmuebles para atender las necesidades habitacionales de personas en riesgo de exclusión.

Las viviendas cedidas podrán estar ocupadas por familias en situación de impago o sin título de alquiler. Sareb percibirá a cambio de la cesión una contraprestación fija mensual de 125 euros por las viviendas libres y de 75 euros por aquellas que se encuentren ocupadas.

Los pagos serán utilizados por Sareb, principalmente, para hacer frente a los gastos de seguros y comunidad. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre otros.

En 2013 Sareb creó un parque social que incluía 2.000 viviendas y se elevó a 4.000 en 2015. En la actualidad, el parque destinado a fines sociales alcanza los 10.000 inmuebles, después de que la compañía aprobara a principios de 2020 la ampliación del mismo con el objetivo de impulsar la cesión de viviendas a ayuntamientos de municipios de menor tamaño que presentan problemas habitacionales.

Desde su creación, Sareb ha firmado convenios con 12 comunidades autónomas y 20 ayuntamientos. En la actualidad tiene comprometidas con las administraciones 2.680 viviendas -de las que pueden beneficiarse más de 10.700 personas-, en tanto que 7.320 inmuebles se encuentran todavía disponibles para esos mismos fines.