El ministro de Industria, Miguel Sebastián, defendió el decreto asegurando que el texto tiene un "indudable interés general", porque la TDT de pago es una demanda mayoritaria del sector, que se traducirá en una competencia positiva para los telespectadores ("por 15 euros se podrán ver ocho partidos al mes, mientras hasta ahora sólo se veía uno por doce euros") y que movilizará un negocio de 5.000 millones de euros en cuatro años ("a finales de este mes habrá en el mercado 250.000 descodificadores y módulos").

Sebastián aludió a la oposición del Grupo PRISA a este decreto y afirmó que el Ejecutivo "antepone el beneficio de todos al de cualquier grupo". "Todos los operadores, salvo uno, han solicitado al Gobierno autorización para emitir TDT de pago. El que no lo ha hecho no es porque no comparta la TDT de pago, sino porque es el único operador que ya tenía posibilidad de emitir en pago hasta el momento".

La urgencia con la que el Gobierno ha aprobado el acceso condicional en la TDT (en un Consejo de Ministros extraordinario a mitad de agosto) fue objeto de crítica coincidente por parte de todos los grupos parlamentarios, y a ello respondió el titular de Industria.

Según Sebastián, no cabe hablar de "improvisación", porque el Gobierno lleva trabajando en ello dos años y los operadores privados lo vienen pidiendo desde hace tiempo.

En apoyo al decreto, el representante de CiU, Josep Sánchez Llibre, afirmó que los aspectos nucleares del mismo "son compartidos por la mayoría de los operadores: traerá más oferta televisiva, más competencia y más usuarios susceptibles de usar la televisión de pago". No obstante, dijo que CiU coincide con las críticas que se han dirigido al Ejecutivo por la forma en que se ha tramitado la TDT de pago. "El Gobierno no ha estado acertado, y abusa de los reales decretos, dando la sensación de improvisación. Hubiera sido mejor incorporarla en la Ley General Audiovisual".

El representante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Francesc Canet, afirmó que su partido apoya el decreto porque "pese a las reticencias en el procedimiento seguido, traerá un catálogo de más contenidos y más flexibilidad".

BENEFICIO A LOS AFINES

En contra del decreto, el portavoz del PP, Miguel Angel Cortés, dijo que se trata de "un episodio más de la política audiovisual del Gobierno, que se caracteriza por el abuso, la arbitrariedad y la incompetencia". En este caso, los populares creen que se ha vuelto a recurrir de manera "inconstitucional" al decreto ley, porque la urgencia no está justificada, ya que, a su juicio, la TDT debería haberse regulado con la ley audiovisual.

"¿Alguien puede pensar que este decreto se habría aprobado el 13 de agosto en un consejo extraordinario si no se hubiesen roto unos días antes las negociaciones entre PRISA y Mediapro?", se preguntó el diputado popular. "Las normas no pueden dictarse para beneficiar a los afines y perjudicar a los que no lo son".

Por el PNV, José Ramón Beloki dijo que su grupo no puede apoyar el decreto, aunque pueda estar de acuerdo con el fondo, porque "el Gobierno vuelve a las andadas" en materia audiovisual: con un "abuso inconstitucional del real decreto" para legislar "a hurtadillas".

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, justificó la abstención de su coalición en que no hay ninguna razón para la aprobación de esta norma por urgencia, y criticó que la política audiovisual del Gobierno "se pacte en cada caso con quien interesa". Francisco Jorquera, del BNG, también consideró necesaria la abstención, dado que el decreto trae "más competencia", pero la TDT de pago debería haberse metido en la ley audiovisual. Rosa Díez (UPyD) denunció que el decreto busca "hacer un regalo a los más amigos de los amigos", en alusión a Mediapro y laSexta, impulsores del canal de pago Gol TV, y para ello se recurre a la vía de urgencia, en lugar de esperar a la Ley General Audiovisual.