Su demanda la efectúa a través de un artículo divulgado por la publicación financiera ‘Omfif Public Global Investor 2020‘, donde aboga por remover los obstáculos existentes que impiden un verdadero mercado financiero común europeo y considera que “una unión bancaria de pleno derecho requiere un cambio institucional”.

Delgado reconoce que la unión bancaria ha “salvaguardado con éxito la integridad del euro”, reparando la crisis de la deuda soberana “que amenazaba con romper la moneda única”, pero advierte de que cinco años después de su creación “no ha podido producir un sector bancario verdaderamente integrado”.

La crisis ha puesto en evidencia, a su juicio, la importancia de dar ese paso al que se “interponen” varios factores en su camino. Entre ellos resalta que aún falta uno de “sus tres pilares fundamentales”, en alusión al esquema europeo de seguro de depósitos que “contribuiría a dar mayor estabilidad en tiempos de estrés” y exigiría el citado “cambio institucional”.

“La unión bancaria no será un sistema financiero único hasta que un euro depositado en cualquier institución tenga el mismo respaldo, independientemente del país donde tenga su sede la entidad financiera”, apunta.

En segundo lugar, advierte de que la ausencia de una regulación armonizada “perpetúa un campo de juego poco nivelado”, recordando que quedan por homologar reglas “críticas” como las relativas al control del blanqueo o para gestionar insolvencias bancarias.

La subgobernadora solicita además esa mayor transparencia o comunicación al supervisor sobre sus expectativas en caso de proyectos de integración bancaria, y junto a ella estima que, “para cosechar los beneficios económicos de un aumento en las actividades bancarias transfronterizas” hay otros obstáculos que “deben superarse”.

En particular habla de barreras regulatorias, institucionales e, incluso, culturales que “perpetúan” la existencia de bancos nacionales, “restringiendo o impidiendo la libertad de movimiento de capital y liquidez en la zona del euro”.

“No tiene sentido que los gobiernos nacionales sigan siendo responsables de las pérdidas de un banco en quiebra, mientras que la responsabilidad de la supervisión recae en las instituciones paneuropeas”, concluye.