“Como comentario general, no es una de las carteras que pensemos que vaya a estar muy afectada”, estimó este miércoles su consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, durante la presentación de resultados semestrales, confiado además en que “al final de año queden muy pocas moratorias vigentes”.

A finales de junio, el Santander había otorgado aplazamientos en los pagos a 5,4 millones de clientes: en 1,9 millones se trata de operaciones ejecutadas por programas de moratorias obligatorias aprobadas por los distintos gobiernos como el español o el británico, y las restantes por aplicación de aplazamientos voluntarios del propio banco.

De ese total, hasta 4,6 millones de clientes habían solicitado moratorias sobre créditos al consumo con un valor pendiente de amortización de 22.000 millones de euros o equivalente al 10% de su cartera en esta financiación. Otros 500.000 clientes lo han pedido en hipotecas con un saldo de 69.000 millones (23% de la cartera) y 300.000 son pymes y empresas, con un crédito favorecido por las medidas de 25.000 millones (6%).

Según detalló, el 60% de las operaciones hipotecarias son residenciales, principalmente en Reino Unido y por unos 41.000 millones; y el 65% del crédito al consumo tiene que ver con financiación para autos (unos 14.000 millones). Las moratorias a pymes y empresas están basadas en ratings internos y complementada con facilidades de liquidez y garantías gubernamentales.

De toda la concesión en moratorias detalló que el 25% ya han vencido, por un valor aproximado de 29.000 millones, y el 98% “están en situación normal”. Es decir, que los impagos afectan únicamente al 2% de operaciones ya vencidas. En julio la cifra de aplazamientos vencidos se ha elevado a operaciones con una deuda pendiente de 40.000 millones “manteniéndose la calidad crediticia”.