Su valoración la realiza tras la aprobación de la Orden Ministerial, que modifica la Orden 2899/2011 de transparencia y protección de clientes de servicios bancarios, que, según reconoce, “mejora el control de transparencia de cara al usuario”, pero asegura que “no cumple con sus principales reivindicaciones para salvaguardar los derechos de los consumidores”.

“Con el fin de no enfrentarse al poder de la banca, no se ha atrevido a ir más allá en favor de los consumidores y ha establecido una normativa que no soluciona el problema de raíz”, afirma la asociación, y reclama cambios en el tipo de interés y sistemas de amortización.

Celebra, no obstante, que se imponga por ley entregar información previa con diversos ejemplos de crédito al consumo, ya que “casi el 50% de los usuarios desconoce las condiciones reales de estos productos financieros, al no serle informado previamente del coste de los intereses del dinero dispuesto”.