El tribunal ordena que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ambos decretos sobre el acceso a la vivienda. Los populares sostienen que esta normativa convierte a Cataluña en una especie de “paraíso okupa”, que parece hecha a medida de las “mafias ilegales”.

Los recurrentes ven indicios de inconstitucionalidad en la regulación de la expropiación forzosa; el nuevo concepto de grandes tenedores y el de pisos vacíos. Se trata, a su juicio, un ataque “frontal” a la propiedad privada y una vulneración de derechos que deja en inferioridad de condiciones a los propietarios catalanes respecto a los de otras comunidades.

El Govern aprobó en marzo de 2019 un primer decreto de acceso a la vivienda que acabó retirando por falta de consenso con las entidades. Tras negociar con plataformas de defensa de la vivienda y los Comunes, el Ejecutivo aprobó en diciembre un nuevo texto que obligaba a los grandes propietarios a que los contratos de alquiler social pasen de tres a siete años; se determina quien es un gran tenedor (a partir de 15 pisos y no en función de los metros cuadrados) y se obliga a los dueños a ofrecer un contrato de alquiler social a personas vulnerables que hayan ocupado una vivienda.

El Parlament convalidó el decreto en febrero y dos semanas después el Consejo de Garantías Estatutarias emitió un dictamen, a propuesta de Ciudadanos, que alertó que el texto vulnera los artículos 9 y 33 de la Constitución. El ente tildó de “irracional” y “arbitrario” el decreto por definir como “vivienda vacía” la que está ocupada ilegalmente y obliga a su dueño a ofrecer un alquiler antes de iniciar una demanda. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideraron que no ofrecer ese alquiler no frena el desahucio.