El partido liderado por Santiago Abascal considera que hubo corrupción en la adjudicación de ese contrato e interpone la querella para que se investiguen presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y delito de fraude y exacciones ilegales en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas.

Tras el estudio de las ofertas realizadas por las empresas aspirantes por el director de Contrato del Sector AV-2 y jefe de la Unidad de Carreteras de Ávila, Manuel María Llanes, se remitieron las puntuaciones de las empresas licitadores a su superior, Alfredo González.

Unos días después, Llanes recibió la llamada de su superior que, según la versión de Vox, le solicitó que igualara las puntuaciones entre la primera empresa licitadora, Matinsa, que había obtenido 88 puntos, y la empresa Cyopsia-Sisocia, que sólo había logrado 72 puntos.

En su querella, el querellante aporta las conversaciones telefónicas al juzgado. Al parecer, supuestamente en ellas González, tras un nuevo análisis de Llanes para comprobar si había algún error en la puntuación, insiste para que aumente los puntos de Cyopsia-Sisocia.

Pese a esa petición, Llanes mantiene sus puntuaciones y señala las deficiencias técnicas de la empresa a la que “González pretendía beneficiar”. En una supuesta nueva conversación, González presuntamente insiste en que la licitación no es más que un mero trámite para que el órgano de contratación adjudique a su único criterio y sin seguir la contratación.

Finalmente, el contrato fue adjudicado a la empresa Cyopsia-Sisocia, y Llanes, quien debía ser el técnico que controlara el desarrollo del contrato, fue relegado de esta labor. Tras esta decisión, Vox ve un castigo por su negativa a “amañar el concurso”. Llanes procedió entonces a realizar una declaración notarial que ahora es la base probatoria de la querella.

Vox solicita en su querella que tome declaración de los dos cargos de Transportes, que se solicite el expediente completo del contrato en los hechos al órgano de contratación y que se recabe la información publicada sobre los hechos referidos en los medios de comunicación y páginas web. Además, quiere que se llame a testificar al representante legal de Cyopsa-Sisocia; a Manuel María Llanes Blanco; y a la persona que le sustituyo en la labor de controlar el desarrollo del contrato referido, Enrique Arredondo Estévez.