Así se recoge en un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd). Esta agencia indica que la crisis del Covid-19 parece estar siendo aprovechada por delincuentes para promover la caza ilegal y ofrecer curas a la enfermedad hechas con productos animales.

La base de datos creada por esta agencia de la ONU junto con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites) ha registrado casi 180.000 incautaciones hasta el 2017. Miles más no han podido ser detenidas y los números no incluyen la caza ilegal, generalizada en varias partes del mundo.

El estudio recalca que la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias sobre la vida humana y la economía ilustran el impacto global de las enfermedades zoonóticas, para las cuales el comercio legal e ilegal de vida silvestre es un vector importante. No en vano, las interacciones de animal a humano, cada vez más frecuentes, incrementan la probabilidad de transmisión de patógenos entre ambos y la vida silvestre conseguida de manera ilegal está al margen de cualquier control sanitario y expone a los humanos a la transmisión de nuevos virus.

Las enfermedades zoonóticas representan hasta el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes, como la pandemia del Covid-19, generada a partir del virus SARS-CoV-2. El informe señala que los pangolines, que se identificaron como una fuente potencial de coronavirus, son los mamíferos salvajes más traficados en el mundo.

Sin interferencia humana a través de la captura, sacrificio, venta, tráfico, comercio y consumo de vida silvestre, la evolución y transmisión del coronavirus que causa el Covid-19 habría sido altamente improbable, asegura el informe.

PROBLEMA MUNDIAL

El tráfico de vida silvestre es actualmente tan variado que ninguna especie representa más de un 5% de las incautaciones y tampoco hay un solo país que sea la fuente de más de un 9% de los envíos capturados.

Hasta el momento se han identificado sospechosos de este tipo de tráfico de más de 150 nacionalidades, lo que ilustra que en realidad se trata de un problema mundial.

Entre 2009 y 2013, las especies arbóreas más traficadas fueron las de palo de rosa (un 40,7% de las incautaciones), codiciadas por sus maderas procedentes de las zonas intertropicales y subtropicales de África, América y Asia. Los elefantes ocupaban el segundo lugar (33,1%), seguidos por los rinocerontes (5,5%), los reptiles (4,3%) y los pangolines (4%).

En los últimos años, el tráfico de pangolines y rinocerontes ha aumentado a un 13,9% y 11,8%, respectivamente, mientras que el de elefantes ha bajado a un 30,6% y el de palo de rosa a un 31,7%. Otros animales, como tortugas marinas y de agua dulce, corales, felinos, loros y corales, se mantienen también dentro de los más incautados.

La caza furtiva, la trata y el movimiento ilegal de grandes volúmenes de varias especies protegidas y sus productos derivados a través de fronteras regionales, nacionales e internacionales continúan sin disminución. En 2019 y la primera mitad de 2020 también se han continuado viendo varias incautaciones importantes de marfil, cuernos de rinocerontes, pangolines y palo de rosa.

La Onudd advierte de que también se está viendo una consolidación geográfica de las rutas de tráfico, con Nigeria y Vietnam emergiendo como fuentes, envíos y países de tránsito clave.

Asimismo, muchas especies alimentan múltiples mercados. Por ejemplo, las pitones son traficadas como mascotas, para que sus pieles hagan bolsos y zapatos, por su carne como alimento y por sus órganos como medicina tradicional.

Hay mercados enteramente ilegales: por ejemplo, el tráfico de los cuernos de rinoceronte y los pangolines son ilegales internacionalmente, pero los volúmenes de incautaciones continúan crecientes. En otros casos, como el palo de rosa y las anguilas europeas, una gran parte de la vida silvestre adquirida ilegalmente es, en última instancia, procesada y vendida en un mercado legal en el que la mayoría de las veces el consumidor desconoce la procedencia de los productos que compra.

El informe explica que los delincuentes tienden a explotar brechas legislativas y desplazan la actividad criminal a los países que las tienen. Por ejemplo, los comerciantes de escamas de pangolín han optado por almacenar sus existencias en la República Democrática del Congo, en comparación con otros países, debido a la percepción de que existe un menor control en esa nación.

MERCADO ONLINE

Al igual que muchos otros mercados, el comercio de la vida silvestre se está moviendo online. La venta de reptiles como mascota se ve cada vez más en las redes sociales y los delincuentes cambian rápidamente de plataforma cuando son descubiertos. Los expertos del informe aseguran que se trata de un comercio particularmente difícil de abordar debido a su naturaleza oculta, los marcos regulatorios y limitados e inconsistentes y las pocas capacidades especializadas de aplicación de la ley.

El informe recuerda que los delitos contra la vida silvestre son graves y ningún país es inmune a estos crímenes que afectan la biodiversidad, la salud humana, la seguridad nacional, el desarrollo socioeconómico, y les llenan los bolsillos a los delincuentes.

"Como cada país puede ser una fuente, tránsito o destino, cada uno tiene un papel que desempeñar en la actuación para prevenir y abordar estos crímenes mediante la interrupción y la disuasión. El crimen de vida silvestre, como otros crímenes organizados, debe ser abordado a través de un enfoque integral que apunte a los pilares complementarios de oferta y demanda y a los medios de vida", asegura la Onudd.

Además de establecer el tráfico ilícito de especies protegidas como un delito grave dentro de la legislación de cada país, el comercio ilegal podría ser más controlado si los Estados consideran prohibir la entrada, salida y posesión de productos conseguidos ilegalmente en cualquier otro lugar del mundo.

Abordar vulnerabilidades en la legislación, tanto domésticas como internacionales, también puede ayudar a reducir las oportunidades de trata. El informe asegura que se necesita coherencia y armonización de la legislación dentro de los países y en todas las regiones para evitar los desplazamientos del delito a zonas con penas más bajas. Esto también podría mejorar con investigaciones fronterizas y una mayor cooperación judicial.