En un informe sobre este asunto, Hammarberg ha denunciado que en numerosos países las personas con discapacidad intelectual siguen siendo internadas en centros que ofrecen unas condiciones “espantosas” y escasas o nulas posibilidades de rehabilitación, en ocasiones junto con pacientes psiquiátricos, y que a menudo se les administra contra su voluntad sedantes, o se les priva de libertad como si fueran peligrosos.

Hammarberg añade que en muchos casos sus familias “les consideran una carga”, ya que no reciben el apoyo necesario para poder comprenderles y ayudarles.

El informe destaca las medidas positivas adoptadas en algunos países en el ámbito de la discapacidad intelectual, como es el caso de Albania, Macedonia y Serbia, pero subraya la necesidad de seguir avanzando para desarrollar servicios de escolarización, cuidados sanitarios, apoyo familiar y asistencia a la infancia, para dar cumplimiento a las normas internacionales en estas materias.

Por ello, ha instado a los países miembros del Consejo de Europa a que adopten medidas para la plena aplicación del Plan de Acción para la Discapacidad 2006-2015 de esta institución, y a que ratifiquen la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad.