Así figura en el real decreto de medidas económicas y sociales aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles por el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada mañana en vigor.

En el documento justifica las medidas por razones de protección social y para evitar la sucesión de impagos de créditos o préstamos sin garantía hipotecaria por parte de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

El real decreto incluye ampliar hasta el próximo 30 de septiembre la prohibición de cortar el suministro de energía eléctrica, gas y agua, así como otras medidas de emergencia social que el Ejecutivo sacó adelante al inicio de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 cuya vigencia finalizaba en julio y dirigidas a colectivos vulnerables.

El decreto amplía de forma específica el periodo de percepción del bono social hasta el 30 de septiembre frente al 15 de septiembre al que se había regulado inicialmente.

La norma también incluye una prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual para familias o empresas en situación de vulnerabilidad, que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre.

Será una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de 6 meses con las mismas condiciones. La ley inicial fijaba la posibilidad de solicitar la moratoria hasta dos meses después del estado de alarma.

Asimismo, amplía el plazo de solicitud de la moratoria arrendaticia, para el caso de grandes tenedores o empresas públicas, de forma que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Además, extiende el plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria. Dicha moratoria legal de la deuda se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y su funcionamiento será secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha (tres meses de moratoria legal, más nueve meses de moratoria del sector bancario). Igualmente afecta a los aplazamientos en créditos al consumo.