Según informó Justicia, como consecuencia de una orden internacional emitida por las autoridades peruanas, Hinostroza fue detenido en España en octubre de 2018. El juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional decretó la prisión provisional, si bien posteriormente la Sala de lo Penal acordó la libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.

Un mes más tarde, en noviembre de 2018, se recibe la documentación extradicional procedente de Perú para su enjuiciamiento por presuntos delitos de tráfico de influencias y de pertenencia a organización criminal.

Por auto de fecha 13 de mayo de 2019, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró procedente la extradición de manera parcial, accediendo a la entrega para su enjuiciamiento por los hechos constitutivos de los posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, y denegó la entrega por su posible implicación en hechos presuntamente constitutivos del delito de organización criminal. Dicho auto fue declarado firme el 23 de septiembre de 2019, previa desestimación del recurso de súplica por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia.

JUSTIFICACIÓN DEL RETRASO

A esta primera solicitud de extradición se sumó una segunda. En febrero de 2020, se recibió nueva solicitud de Perú para la ampliación de la extradición para el enjuiciamiento por hechos que no integraron la petición original. Hace referencia a un presunto delito de cohecho activo, ya que el reclamado ofreció y entregó la cantidad de 10.000 dólares a una funcionaria pública encargada del control de migraciones en la localidad de Tombes.

Su objetivo era impedir que se activase la alarma de prohibición de salida del país, conforme a lo establecido en una orden judicial, logrando así salir de Perú y llegar a territorio ecuatoriano para desde allí viajar a España.

El Consejo de Ministros, en su sesión de 3 de marzo de 2020, acordó la continuación en vía judicial del procedimiento de ampliación de la extradición y, actualmente, se encuentra pendiente de decisión por la Audiencia.

En base a la primera petición de extradición, se procede ahora a la aprobación de la entrega, que no ha podido acordarse antes debido a varios motivos: el largo periodo en funciones durante el cual el Gobierno no podía acordar entregas cuando el reclamado se encuentra en libertad (como es el caso); por el requerimiento para declarar en sede judicial respecto a la segunda solicitud de extradición; y finalmente, cuando se paralizaron todas las extradiciones a causa de la crisis del Covid-19.