En declaraciones a Servimedia, la vicesecretaria de Sectorial de los populares se refirió a los criterios de funcionamiento del fondo aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros dentro del Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo y que ayer fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno hace así uso de la ventana abierta en la Unión Europea en materia de ayudas estatales para que los Estados puedan ayudar a compañías claves en situaciones tasadas y frente a la crisis del Covid-19. Se trata de una medida de intervención “de último recurso” y “temporal” a aplicar, previa solicitud de los beneficiarios, sólo a aquellas empresas consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

El fondo nace adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda y se creará un Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, cuya composición y funcionamiento se determinará mediante el acuerdo de Consejo de Ministros. Su gestión se enmarcará a su vez a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde se incardinará el citado Consejo Gestor.

A este respecto, la vicesecretaria de Sectorial del PP incidió en que el proceso de selección de ayudas “debe ser transparente y que debe atenerse estrictamente a los requisitos fijados en lo que dice el real decreto ley”, esto es, “que sean empresas solventes, estratégicas y con severas dificultades temporales por el coronavirus”.

Recordó que para la gestión de estas posibles ayudas se contempla la creación de un Consejo Gestor “del que sinceramente creemos que, como principal partido de la oposición y con vocación de Gobierno, deberíamos formar parte”. “Ese Consejo Gestor va a tomar las decisiones de entrada de capital o de financiación de las empresas y lo que sí hay que tener muy en cuenta es que esto no es una nacionalización”, advirtió.

“Decimos que no estaría de más que pudiéramos formar parte del procedimiento de concesión de las ayudas que se hace a través del Consejo Gestor”, afirmó en otro momento Rodríguez, aunque confirmó a esta agencia que “no ha habido conversaciones en este sentido” con el Gobierno.

Así las cosas, Rodríguez enfatizó que “esto es un apoyo temporal con el dinero de todos los españoles” y por ello pidió que sea “controlado”. “Bajo nuestro punto de vista, la actuación del Gobierno que forma parte del capital debe ser absolutamente neutral en la gestión de la propia empresa”, subrayó. “Que no se crean que están nacionalizando compañías”, añadió.

Insistió así en que las ayudas han de recaer en empresas que pasen “por dificultades muy graves y temporales” y que “fueran solventes antes de la crisis”. Eso sí, enjuició que en el real decreto la definición de empresa estratégica “queda un poco difusa y confusa”. “Por lo cual, pedimos transparencia en un tipo de operaciones tan excepcionales”, agregó.

Por último, preguntada por si Iberia podría beneficiarse de esta posible ayuda, Rodríguez se limitó a recalcar que la compañía “forma parte de un sector estratégico (el turismo), que cubre las necesidades de transporte en España” y que su actividad “se paró absolutamente” durante la crisis. En todo caso, recordó que son las empresas quienes han de pedir la ayuda.