El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que las compañías áreas ya dispusieron al inicio de la pandemia de 1.800 millones de euros de créditos ICO, y la semana pasada, el Ejecutivo apobó un fondo de 10.000 millones de ayudas para sectores estratégicos “entre los que claramente se incluyen las líneas áereas”.

El ministro dijo que el Gobierno ha cuantificado las ayudas que les corresponden a las aerolíneas de ese paquete “a partir de las necesidades financieras que las propias compañías nos han pasado”.

Preguntado por otras opciones de socorro a estas empresas como las que han adoptado otros Estados, señaló que “cada cada Gobierno ha hecho una cosa en función de su política y de la necesidad del estado de la compañía, unos han nacionalizado, otros han entrado a formar parte del capital de la compañía...”.

“Nosotros, si algo hemos intentado, es además de liquidez, consolidar la solvencia de las compañías”, agregó. “Nosotros no vamos a hacer nada que no sea a requerimiento de las propias compañías, lo digo para tranquilidad de unos y otros por lo de los rescates, a nadie se le va a imponer nada”. Ábalos subrayó que ahora lo que toca es administrar el fondo “de acuerdo al criterio que nos planteen la propias compañías”.

INSTRUMENTOS

El Fondo de apoyo a la solvencia ha sido dotado con 10.000 millones de euros para ayudar a empresas estratégicas con dificultades que no puedan ser cubiertas con liquidez o financiación.

Con él se podrá invertir en sus instrumentos financieros, incluyendo deuda, instrumentos híbridos o, incluso, tomar participaciones en el capital social de las compañías.

Se trata de un auxilio temporal con condiciones y criterios tasados en la ventana abierta por la Unión Europea en materia de ayudas estatales de los Estados para que puedan ayudar a compañías, que siempre tendrán que ser estratégicas y cuyo recurso al mismo será cuando no haya otras alternativas.

El real decreto que ha aprobado el Gobierno cataloga como estratégicas las que se caracterizan “por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados”.

El fondo nace adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda. Su uso y la gestión de las inversiones y desinversiones corresponderá a un nuevo Consejo Gestor del Fondo, incardinado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Podrá nombrar consejeros en las empresas donde desembarque en su capital y no estará obligado a lanzar una OPA aunque supere el umbral del 30% que exige formular tales ofertas.