Así lo explicó el ministro de Transportes, Movilidad y agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde apuntó que dicha medida forma parte del real decreto ley con ayudas para el transporte y la vivienda.

Con lo aprobado hoy, se abre la posibilidad de fijar un canon que permita el uso del derecho de superficie del suelo público para la construcción de vivienda social a través de la colaboración público-privada.

De esta manera, el Estado aportará a través de Sepes este suelo público por un periodo que puede llegar a alcanzar los 75 años y las empresas privadas licitarán por su uso.

Por su parte, las empresas deberán construir viviendas para alquiler social y se deberán encargar también de su gestión.

Ábalos destacó que con esta medida se va a “dinamizar la economía” y se va a “generar la expectativa de que el inversor esté comprometido con el derecho básico a la vivienda para ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en el país y que incluso ha ido a menos”.

A este respecto, el ministro lamentó que en la actualidad el parque de vivienda pública en España representa apenas el 2,5%, porcentaje que se sitúa en la mitad de la media europea.