En un documento publicado este lunes sobre medidas tributarias ante el coronavirus, Fedea destaca que ese recargo temporal en el IRPF sería “el coronatributo más justo y más sencillo” para aplicar con el fin de ayudar a pagar los gastos derivados de la crisis y que estaría vigente “hasta alcanzar un cierto equilibrio en las finanzas públicas”. La fecha para introducirlo “debería estudiarse con cuidado para evitar frenar el inicio de la recuperación económica”.

Fedea admite que el principal inconveniente es que induciría comportamientos de planificación fiscal en el IRPF no deseables.

En el diseño de dicha medida, explica que podría tener un tramo exento relacionado con la situación de los colectivos más perjudicados por la crisis y se podría articular como tarifas complementarias, con incrementos crecientes en los tipos marginales de las tarifas general y del ahorro. Las tarifas complementarias introducidas en 2011 lograron recaudar 5.000 millones de euros anuales.

Optar por el IRPF en lugar del IVA permite “ajustar mejor el reparto de la carga tributaria y asegurar que el sistema fiscal no sigue perdiendo su modesto poder redistributivo”, según la fundación.

Por otra parte, Fedea considera que “no se puede atribuir culpabilidades por la crisis derivada de la pandemia” y no se puede hacer recaer la carga tributaria en un colectivo concreto.

“La heterogeneidad del impacto entre empresas, trabajadores tanto públicos como del sector privado, incluso dentro de un mismo sector, está siendo muy alta, por lo que resultaría poco justificable acudir a gravámenes que no discriminaran suficientemente los cambios experimentados en la capacidad de pago”, considera.

Con ello, rechaza la fórmula del impuesto sobre el patrimonio como el de las grandes fortunas argumentando además que se adoptaría de manera unilateral, ante la falta de un liderazgo al respecto en la UE y eso podría producir “distorsiones muy elevadas” relacionadas con la movilidad de los afectados, además de que “no está clara la recaudación que podría obtenerse con este impuesto, que cabe recordar, no puede comportarse de forma confiscatoria, por mandato constitucional”.

Fedea también rechaza un gravamen extraordinario sobre el impuesto de Sociedades y lo enmarca dentro de una reforma estructural que propone que debe acometerse para eliminar el déficit estructural.

Igualmente se refiere a la introducción de un impuesto sobre el mantenimiento o incremento de la renta entre ejercicios que se ha sugerido, con la intención de hacer tributar más a quienes menos perjudicados se han visto por las consecuencias económicas de la pandemia. Al respecto, cree previsible que el mero de anunciarlo estimulará la planificación de la obtención de renta a lo largo del tiempo, y si tuviera carácter extraordinario, o bien su recaudación no podría ser muy grande o habría que fijar tipos de gravamen muy elevados.

REFORMA FISCAL

En cuanto a la reforma fiscal que propone, Fedea cree que “aunque no es el momento”, sí apunta que se deben revisar las exenciones fiscales, reducciones, deducciones, bonificaciones o tipos reducidos para eliminar algunos, lo que generaría “un volumen importante de ingresos”.

Aboga por eliminar el sistema de estimación objetiva (por módulos) de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF, en paralelo al régimen simplificado del IVA, al considerar que favorece el fraude y desincentiva el crecimiento del tamaño de las empresas.

De cara a reformar el impuesto sobre Sociedades, rechaza aumentar la presión fiscal efectiva por ser “una respuesta arbitraria” y apuesta por “aproximar el impuesto lo más posible a un impuesto neutral, correctamente integrado con el IRPF”.

Del mismo modo, propone una reforma del IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio “para asegurar su neutralidad” y “evitar que pueda ser confiscatoria”; aproximar los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, labores del tabaco y combustibles fósiles a los establecidos en los principales países de la Unión Europea; ve “recorrido” para los impuestos medioambientales en España, e incide en reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude.