El documento original era el elaborado por el PSOE y Unidas Podemos y ha incorporado más de un centenar de las 391 enmiendas presentadas por trece grupos parlamentarios en un primer paso, ya que sus portavoces expresaron la intención de continuar negociando para transaccionar nuevas enmiendas el próximo viernes, cuando se debata el texto en Comisión o, incluso, de cara a su votación final en Pleno.

Entre las aportaciones incorporadas este miércoles figuran propuestas de prácticamente todos los grupos parlamentarios, empezando por el acuerdo rubricado por el PSOE con Ciudadanos para el conjunto de los grupos de trabajo de la Comisión de Reconstrucción. En el caso específico de este Grupo de Trabajo sus contribuciones abogan, por ejemplo, por potenciar la flexibilización de los ERTE para que continúen ayudando en la recuperación, regular el teletrabajo, fomentar el emprendimiento o garantizar más derechos a los autónomos.

El documento final ha incorporado enmiendas igualmente del PP, Coalición Canarias, ERC, Teruel Existe, JuntsxCat, PNV, Más País, Compromís, PNV y EHBildu. Durante la fijación de posiciones, el portavoz del PSOE, Pedro Casares, reivindicó el interés del Gobierno en alcanzar acuerdos para un programa que debe de ser de “reconstrucción de país”, dejando abierta la opción de alcanzar nuevos acuerdos en la futura defensa y votación del documento.

Algo que le cuestionó la diputada del PP Elvira Rodríguez. “A nosotros, de 70, nos han aceptado una y media”, criticó afirmando que ni quiera contabilizaba en dos su apoyo porque en una “incorpora solamente un par de adjetivos”, y le negó voluntad negociadora cuando “no ha aceptado ni tres enmiendas que eran de supresión porque estaban duplicadas” las propuestas.

“Creo que hemos hecho un esfuerzo enorme para tratar de llegar a un acuerdo”, le replicó Casares, desvelando que el PP es el grupo político con que el había mantenido más reuniones y despejando más adelante que apoyaría varias de sus enmiendas. “Pero no se puede confundir esto con el programa político del PP, con el que no estamos de acuerdo”, le reprochó, no obstante, invitando al PP a “seguir trabajando por el acuerdo” ya que la negociación sigue abierta.

La situación contrasta con, por ejemplo, el grupo de trabajo de la UE donde el partido que sustenta al Gobierno ha conseguido aunar posiciones con PP, al igual que con Ciudadanos. Los populares han dejado vía abierta con su abstención tanto en el dictamen del grupo de trabajo de la UE como en los de Sanidad.

Entre las enmiendas apoyadas por el PSOE en el grupo de trabajo de tinte más económico, Casares adelantó el apoyo a “muchas” presentadas por Teruel Existe sobre transición justa o cambio del sistema productivo, o dar apoyo a su plan de puntos de recarga eléctricos. El diputado Tomás Guitarte había defendido enmiendas para reforzar el ámbito rural, con especial acento en el sector agrícola, pero con medidas de diferente índole, incluidas incluso apoyos a la rehabilización de viviendas.

El texto incorporará también algunas peticiones de Coalición Canarias como considerar a Canarias entre los territorios más afectados de la crisis o establecer una financiación específica para cambios de desarrollo de territorios sostenibles. Casares refirió que no recoge el paquete de medidas ad hoc solicitadas para la autonomía porque “aquí estamos, señorías, para hacer una mirada de país” y las actuaciones específicas a las regiones y sectores más afectados están “en la hoja de ruta del Gobierno”.

Entre las enmiendas reclamadas por la diputada Ana Oramás figuraba permitir a los ayuntamientos y cabildos utilizar el superávit o los 4.000 millones que tienen en Canarias en los bancos para encarar la “emergencia social”, rebajar un 95% las tasas áreas durante un año, ayudas al sector de las flores cortadas o extender los ERTE más allá de septiembre.

Según refirió Canarias, sufre un 50% de paro, bien por desempleo o personas acogidas a ERTE y cuyo censo excede las 500.000. “La temporada turística está muerta” advirtió y avisó de que no extender dichas ayudas es exponer a Canarias a un riesgo de crisis mayor.

Al PNV y a otros partidos que mostraron preocupación porque no se contemple de forma expresa las competencias autonómicas, Casares explicó que no se expresan porque el documento está “buscando un acuerdo país”, pero su competencia no está en cuestión, sino garantizadas en el “principio constitucional” y recto de funcionamiento del sistema autonómico.

Entre las enmiendas presentadas por Ciudadanos, María Muñoz incluyó la flexibilidad de los ERTE pero sin poner fechas ante la incertidumbre de la evolución de la crisis y la pandemia, el apoyo a los autónomos, potencial el sector primario o medidas para que el sector productivo sea más eficiente.

Asimismo, esta formación aboga por mejorar la ley concursal en prevención de las dificultades que puedan pasar las empresas y avanzar en una simplificación normativa del sector empresarial.

La diputada del PP Elvira Rodríguez acusó al Gobierno de haberse “quedado a medio camino” en la aplicación de medidas, al no haber sido tan contundente o ambicioso como Alemania o Italia. Le reprochó específicamente falta de decisión para bajar los impuestos en el corto plazo y apostar por aplazamientos “que solo hacen demorar el problema”.

Entre sus enmiendas apuntó que propugnan por atajar los problemas que pueden suponer para las empresas la morosidad, suprimir los desincentivos regulatorios para el crecimiento de las pymes, que la PAC “no sea la pagana en Europa de la reconstrucción” o alargar los ERTE a fin de año con carácter general, con posibilidad de extenderlo al 2021. También demandó fomentar la flexiseguridad pactada en el ámbito de las empresas y vía convenios, implantar la mochila austriaca o regular el teletrabajo.

En materia fiscal, recibieron apoyos también las enmiendas de Compromís para revisar el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, así como que las empresas que reciban ayudas públicas tengan que declarar los importes de los impuestos que pagan y en qué administración.

El PSOE desveló también su apoyo a impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, como el RETA para que los autónomos coticen por los ingresos reales, empujar al sector agrario para que su producción pueda ser cien por cien ecológica en el año 2040 o mejorar el acceso a la contratación pública de pymes y autónomos.