Con este proyecto se plantea el reconocimiento de la arquitectura y la calidad del entorno construido como bien de interés general, con el objetivo de preservar, difundir y fomentar la calidad de la arquitectura y el entorno construido como elementos básicos para la mejora de las condiciones de vida de las personas, explica el ministerio en un comunicado.

Según la Declaración de Davos de 2018, “el diseño del entorno construido, las relaciones entre los objetos y su entorno construido y natural, la coherencia territorial, la escala y la materialidad, son factores que tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida”.

La Agenda Urbana española reclama que la utilización racional del suelo y del patrimonio urbano y arquitectónico, debe estar precedida de los valores internacionales que claman ya por un desarrollo urbano sostenible en su triple dimensión social, económica y medioambiental.

De esta forma, se pretende, entre otros aspectos, impulsar la calidad de la arquitectura y del entorno construido como elemento básico de la calidad de vida de las personas, promover los vínculos que fomenten el acercamiento de la arquitectura a la sociedad, y establecer mecanismos que mejoren la calidad arquitectónica de nuestros pueblos y ciudades, con procedimientos de contratación pública ejemplares, que refuercen los valores de la calidad arquitectónica.

También se busca contribuir al desarrollo económico y social a través de la renovación y la mejora de la calidad de la edificación y los entornos construidos, la protección del patrimonio cultural y natural, o la modernización de la Arquitectura.

La ley pretende facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo del parque construido existente, incrementando su calidad y capacidad de dar la respuesta adecuada a nuestras necesidades actuales.