El Gobierno de La Rioja ya reconoce al profesorado la condición de autoridad pública conforme lo recoge el Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros, según informó hoy el Ejecutivo de Pedro Sanz.

En el citado Decreto, la autoridad del profesorado está recogida en dos artículos: el punto 6 del artículo 3 y en el punto 5 del artículo 15. El primero señala el “papel fundamental” que en los procesos educativos desempeñan los profesores y, por ello, “a los efectos de lo regulado en el presente Decreto, actúan investidos de autoridad pública”.

La segunda cita reglamentaria se afirma que “en el ejercicio de su actividad docente tanto dentro como fuera del centro, (los profesores) actúan investidos de autoridad pública”.

El Gobierno de La Rioja considera en un comunicado que sería “conveniente” regular el concepto de autoridad pública en una norma estatal y sin distinción entre profesores de la enseñanza pública y de la privada concertada.